El Ayuntamiento estudia un recurso al procedimiento del Cubo para conservarlo

El Ayuntamiento de Badajoz estudia ahora si puede presentar un recurso a nivel de procedimiento para evitar el mandamiento del Tribunal Supremo. La pasada semana se conoció la sentencia firme que ordena al Consistorio eliminar las dos plantas superiores del Cubo de Biblioteconomía, a la vez que retirar la celosía acristalada y de madera del patio central y restituir las paredes de lo que antaño fue la capilla.

Los magistrados consideran que la licencia de obras que permitió la actuación contravenía las normas urbanísticas de la ciudad en ese momento.

La portavoz municipal, María José Solana, explicó que en ese recurso se plantearían alegaciones diferentes a las rechazadas por el Supremo en el último recurso. Se refirió también a la posibilidad de presentarlo en otras instancias distintas a las judiciales, pero no quiso desvelar las posibilidades.

De cualquiera de las maneras, el Consistorio ya ha contactado con la Junta de Extremadura y la Universidad para ver en qué momento podrían llevarse a cabo las obras de demolición sin interrumpir el curso académico. «También se ve cómo se responde de forma inmediata a las necesidades de la Universidad», añadió María José Solana.

El Gobierno local recalcó el interés por mantener el centro en la Alcazaba. Tanto por la Universidad en sí como por su importancia en la recuperación del Casco Antiguo.

La portavoz municipal insistió en que actualmente la sentencia no se encuentra en periodo de ejecución. También indicó que el Ayuntamiento no tiene constancia de que la asociación Amigos de Badajoz haya pedido la ejecución de la sentencia.

La sentencia firme del Tribunal Supremo avala el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que recomienda rebajar la altura y desarrollar diversas actuaciones de menor calado que en definitiva permitían mantener la construcción en pie.

Esta solución supone una alternativa más económica que derribar toda la construcción. Si en principio se estimó que la demolición costaría unos ocho millones de euros, ahora se reduce a 800.000 euros.