El Consistorio paga con fondos propios otros 2,5 millones de euros de deudas

Los acreedores municipales vuelven a estar de enhorabuena. Dentro de unos días cobrarán más de cinco millones de euros. Parte lo pagará el Ayuntamiento a través del crédito oficial que solicita por importe de 2,8 millones, y el resto, otros 2,5 millones, serán abonados directamente de las arcas municipales con cargo a los presupuestos municipales. La comisión de Hacienda aprobó ayer solicitar el crédito que promueve el Ministerio de Hacienda a través del ICO, un préstamo que podrá devolver el Ayuntamiento en un plazo de diez años con dos de carencia.

La solicitud del crédito oficial es el último paso que faltaba para hacer efectiva la operación de pago de los 2,8 millones de euros, ya aprobada en un pleno del pasado 26 de septiembre. Esta operación va acompañada de un nuevo plan de ajuste, que ha sido aceptado por el departamento del ministro Montoro, razón por la cual el Ayuntamiento puede acceder al préstamo oficial, a un interés preferente, previsiblemente inferior al 4 por ciento y, además, con dos años de carencia. Esta última facilidad, según anunció ayer la alcaldesa, hace posible que el Ayuntamiento pueda librar partidas de su propio presupuesto para pagar otros 2,5 millones de euros a contratistas y proveedores. De esta manera, la cantidad total que será abonada en las próximas semanas a los acreedores supera los cinco millones de euros.

Se trata de empresas concesionarias, constructoras y proveedores, no así propietarios de terrenos que exigen el pago de expropiaciones, según señaló la alcaldesa, quien aclara que estos últimos acreedores no han querido ser incluidos en el plan de pago oficial avalado por el Ministerio de Hacienda para no tener que renunciar al cobro de los intereses por demora. Sólo por expropiaciones, el Ayuntamiento tiene una deuda que supera los 15 millones de euros. En este sentido, Nevado explicó que los dueños de terrenos no quieren cobrar mediante la entrega de suelo por parte del Ayuntamiento sino que prefieren el dinero debido a la situación actual del crisis del sector de la construcción. No obstante, apuntó la posibilidad de seguir negociando «con fórmulas mixtas». Asimismo cabe señalar que el plan de ajuste que respalda el pago a los acreedores contempla pedir en 2016 un nuevo préstamo por valor de casi 11 millones de euros para las expropiaciones.

De momento, los acreedores que cobrarán en los próximos días, a partir de diciembre, son los que están incluidos en la operación de pago de los 2,8 millones de euros.

En realidad, se trata tan sólo de tres empresas y casi la totalidad, 2,1 millones de euros, corresponde a Canal de Isabel II, que fue concesionaria del agua y del mantenimiento de jardines. Otros 485.000 euros los recibirá Subus, la concesionaria del autobús, y 178.000 la unión de empresas que gestionaba la conservación de dependencias municipales. Hay una pequeña cantidad, de apenas 600 euros, que es la deuda con la asociación Síndrome Down de Extremadura.

Sin embargo, había otras facturas pendientes de pago, hasta los 4,3 millones de euros, de los cuales sólo 2,8 millones se adscriben al crédito del ICO. La empresa de limpieza, Conyser, tiene pendientes casi 700.000 euros; Subus, otros 242.000 euros y más de 300.000 euros la empresa de la conservación de dependencias municipales así como 91.000 euros pertenecientes a la empresa Eulen.

Fondos propios

Las deudas que no entran en la operación del crédito oficial se podrán saldar con fondos propios del Ayuntamiento, según anunció ayer la alcaldesa, quien explicó que estos nuevos pagos son posibles gracias a los dos años de carencia del préstamo que suscribirá el Ayuntamiento y también porque dentro de dos años estarán amortizados los créditos que por valor de 30 millones de euros pidió el Consistorio en 2009 para una primera operación de pago de deudas, respaldada por el canon de la contrata del agua.

En el conjunto del Estado, el plan de pago promovido por el Ministerio de Hacienda se eleva a 1.757 millones de euros de deudas de ayuntamientos, que se añaden a otros 5.400 millones de deudas de las comunidades autónomas.