El caso del ruido de la Madrila se ralentiza tras más de dos años en los tribunales

El caso va a cámara lenta. Hay un hecho que es bastante claro para ilustrar esta lentitud: el pasado mes de agosto fue noticia que un empleado del Ayuntamiento había pasado a ser el imputado número 19 (tras 16 propietarios de bares, la exalcaldesa Carmen Heras y el exconcejal Carlos Jurado). Se trata de quien era encargado de tramitar las denuncias a bares, al que se cuestiona su supuesta tardanza en ejecutar las sanciones. Se le citó a declarar en el Juzgado número 6 que lleva la investigación el 23 de septiembre, pero aún no ha sido interrogado. Su declaración se ha suspendido tres veces, siempre por circunstancias ajenas al tribunal y al imputado, la mayoría de las veces por no poder estar en la toma de declaraciones alguno de los representantes de las partes. La última citación ya es para el próximo año, el día 13 de enero.

Mientras este imputado tiene tiempo para preparar sus respuestas, hay otros dos, la exalcaldesa Carmen Heras y el exedil Carlos Jurado, que están pendientes de si un órgano judicial decide archivar su denuncia, y así quedar libres de toda sospecha de no haber cumplido con su labor ante el problema de la contaminación acústica en la zona de La Madrila.

Hace unos meses su abogado, Emilio Cortés Bechiarelli, pidió a la juez instructora que archivara las denuncias contra ellos. La juez indicó que tenían que seguir como imputados. Emilio Cortés ha recurrido esa decisión ante la Audiencia Provincial de Cáceres que será quien indique si Heras y Jurado siguen o no en el caso como imputados.

La Asociación Cacereños Contra el Ruido nació en noviembre de 2008, y fue en abril de 2011 cuando presentaron en el juzgado de guardia de Cáceres una denuncia contra los propietarios de 16 locales de La Madrila y tres políticos a los que acusaban de prevaricación. Además de acusar a Carmen Heras y a Carlos Jurado, señalaron a Miguel López. Esta última denuncia fue después archivada.

Mientras el Juzgado número 6 investigaba la querella, la Audiencia Provincial ordenó el cierre de ocho de los 16 locales denunciados, al asegurar que primaban razones de salud para tomar esta decisión, al considerar que había vecinos cuya salud se resentía por el ruido.

Se cerró el Barroco, la discoteca Down, El Submarino, La Cuerda, Latinos, Machiavello, La Bele y Pasadena Copas. Tras muchas actuaciones en los tribunales, incluidas nuevas tomas de mediciones, con el tiempo se ha permitido la apertura de cuatro locales cerrados, al tomar medidas para no sobrepasar los decibelios permitidos. Los que aún siguen cerrados son Machiavello y El Submarino (en La Madrila Baja), y La Cuerda y La Belle (en La Madrila Alta).

Mientras las investigaciones se prolongan, se da la circunstancia de que de los 19 vecinos que denunciaron a los locales por supuesta contaminación acústica, dos de ellos han fallecido. Uno era Antonio Durán, el que fuera el primer presidente de la Asociación Cacereños Contra el Ruido. Él aseguraba que no querían que nadie fuera a la cárcel, «sólo queremos que se cumpla la ley, sólo eso», decía.