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R. R.
Martes, 17 de diciembre 2013, 10:28
Al último Pleno del año se le suele llamar 'escoba', porque ahí va todo lo que no se quiere dejar para el siguiente. El de ayer incluyó dos asuntos que llevan años coleando y que son motivo de confrontación política. En uno, el Canal de Badajoz, aprobaron por unanimidad ir a los juzgados. En el otro, el aparcamiento Conquistadores, la mayoría del PP sacó adelante su iniciativa.
En cuanto al Canal de Badajoz, los tres partidos aprobaron un borrador de demanda para acudir a la vía civil con la intención de reclamar una compensación por la construcción de la urbanización Jardines del Guadiana sobre una franja de terreno municipal. Pedirán 1,8 millones de euros, según una valoración realizada por técnicos municipales. A pesar de que los tres partidos votaron en el mismo sentido, el desencuentro reinó en el debate.
Sosa llamó «sinvergüenza» a Celestino Rodolfo, el edil de Urbanismo, lo que provocó que el alcalde le llamara la atención. «Señor Sosa, ese tipo de palabras no se usan. No son de la dignidad de los votantes a los que representan», zanjó. Los concejales se remontaron a 1984, a los aprobaciones de las distintas fases del proceso urbanístico con el PSOE en el Gobierno y, posteriormente, con la llegada del PP y Miguel Celdrán. También a los últimos años, a las reacciones y formas de proceder cuando se conoció que la constructora podría haber usurpado suelo público. Los socialistas pidieron responsabilidades políticas y penales a los responsables, en referencia a al propio Celdrán y a Cristina Herrera. IU, por su parte, pidió establecer un calendario para presentar la demanda.
En el caso del parking Conquistadores, sin embargo, el debate fue más sosegado. Pero no se pusieron de acuerdo. El Gobierno aprobó una penalización de 617.338 euros a la empresa Parking Conquistadores SL por incumplir el contrato como paso previo a la resolución del contrato. El PSOE estima que esa multa debía ser 13.000 euros más alta para poder romper el convenio posteriormente. El concejal José Antonio Pajuelo propuso que declaren caducada la concesión. También invitó al Gobierno de Fragoso a ponerse de acuerdo con Liberbank, la entidad que ha ejecutado los préstamos hipotecarios. El alcalde señaló que en este caso siguen «una hoja de ruta marcada por los técnicos municipales».
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