Fomento anuncia que aplicará con rigor su política de recuperación de viviendas

La Consejería de Fomento desahució ayer dos viviendas de promoción pública en Cáceres, en Aldea Moret, cuyos adjudicatarios «no ocupaban ni pagaban».

Según informó ayer la Junta de Extremadura a través de una nota de prensa, ambos pisos se encontraban vacíos.

Están ubicados concretamente en las calles Ródano y Lucas Burgos y «serán entregados próximamente a familias con bajos recursos que están en lista de espera en la capital cacereña».

El departamento que dirige el consejero Víctor del Moral anunció al mismo tiempo su determinación para «seguir siendo muy riguroso con quienes no hacen un buen uso de las viviendas del parque público de todos los extremeños».

En este sentido, fuentes de la Consejería de Fomento explicaban ayer que su decisión «no es fruto del capricho, es una auténtica necesidad», y argumentaban con contundencia que están «tomando las medidas necesarias, siguiendo siempre criterios racionales y legales, para que las viviendas públicas de Extremadura estén en manos de quienes las necesitan verdaderamente, y no de quienes no las precisan, las destrozan, las destinan a trasteros o incluso a actividades ilícitas».

Asimismo, Fomento garantiza que todos los desahucios que se han ejecutado «tienen amparo judicial» y «se están ejecutando tras un largo, complejo y garantista proceso», resultado del trabajo de la Comisión Técnica de Intervención Social de Viviendas.

En contra de las críticas que ha recibido el departamento de Víctor del Moral por otros desahucios anteriores, en Cáceres y en otra localidades, desde Fomento dicen estar «convencidos de que lo que generaría alarma social sería mantener la actuación pasiva de la Administración, dejar que esto fuera la ley de la jungla y estar de brazos cruzados viendo cómo se malgasta el dinero público y cómo no se defiende a los más débiles».

En el caso de los dos desahucios llevados a cabo ayer en Cáceres (vuelve a coincidir la fecha elegida con un miércoles, día en el que tiene lugar el mercado franco de la ciudad, a donde acuden a vender residentes de Aldea Moret dedicados a la venta ambulante), la Consejería insiste en que además de contar las respectivas autorizaciones judiciales, las viviendas «no estaban ocupadas desde hace tiempo por sus adjudicatarios, que residen en otros inmuebles». Además, tampoco se abonaban a la Junta las cuotas mensuales de alquiler «desde hace años».

En concreto, uno de los adjudicatarios adeudaba 143 recibos por importe de 7.500 euros y otro 190 cuotas por un valor de 5.000 euros.

Los desahucios se desarrollaron «con total normalidad» según Fomento. Desde septiembre no se tenía conocimiento de nuevos desalojos de viviendas en Aldea Moret (en algún caso con momentos de tensión), normalmente de pisos que están sin ocupar.