El problema es quién tiene que pagar

Los vecinos se sienten víctimas y estafados por la empresa que construyó el residencial y, además, abandonados por las administraciones, principalmente el Ayuntamiento. Sin embargo, la administración local ha intentado mediar en el conflicto y, en primer lugar, se dirigió a la empresa para que acometiera las obras del saneamiento, pero la respuesta que obtuvo de Ceres Gof S.A. es que cuando hizo el residencial instaló una depuradora y que después transfirió la propiedad de las parcelas y las casas a sus compradores, incluido el saneamiento, calles y elementos comunes, como así lo ratifican sentencias judiciales. De esta manera, el Ayuntamiento apunta ahora a los vecinos como responsables de tener la urbanización con las dotaciones necesarias para el saneamiento de las aguas fecales. Éste es el problema: quién tiene que pagar. Los vecinos se niegan y el Ayuntamiento les da seis meses de plazo.