La Diputación abonará los 44 días de la extra si lo dice un juez

Era Navidad, pero el ambiente que se vivió en el pleno de la Diputación cacereña hacía suponer lo contrario. Lejos del espíritu de estas fechas del año, la última sesión de 2013 en el Palacio Provincial se saldó con voces altisonantes, insultos a gritos a los diputados del PP («manos arriba, esto es un atraco», se escuchó) y pérdida de nervios incluida por parte de alguno de ellos. Por ejemplo, Juan Carlos Sendín. Incapaz de dar explicaciones a los cerca de 60 vecinos de Villuercas que se desplazaron hasta Cáceres para protestar por el traslado de la oficina del Sexpe de Cañamero a Logrosán, el diputado popular acabó reflejando sus nervios con malos modos con los informadores.

Una delegación de la plataforma ciudadana contra la decisión del Ejecutivo extremeño de llevarse las dependencias de empleo hasta Logrosán, donde gobierna el PP, irrumpió en el pleno primero en silencio, con pegatinas reivindicativas que también lucieron los diputados socialistas, y más tarde a voces. Algunos, incluso, abandonaron la sesión por anticipado.

El presidente, Laureano León, tuvo que llamar al orden a los asistentes cuando algunas intervenciones fueron interrumpidas al grito de 'sinvergüenzas'. El diputado socialista y alcalde de Cañamero, Carlos Bravo, presentó una moción de urgencia para que la Diputación mostrase su adhesión a la continuidad del Sexpe en el municipio. Sin embargo, ni siquiera llegó a se debatida ya que fue rechazada.

La versión que ofreció el vicepresidente y portavoz, Saturnino López Marroyo, es que Diputación no es la administración competente sobre este asunto. «No hay razones económicas para el traslado. Solo se atiende a los caprichos y ambiciones de una alcaldesa», lamenta Carlos Bravo.

La plataforma ciudadana resalta que la decisión del Gobierno «solamente» favorece a los vecinos de Logrosán y causa «mayores desplazamientos, e implícitamente mayores gastos» al resto de residentes en la comarca.

Paga extra

Las cuestiones económicas sobrevolaron en el debate de un pleno que apenas duró tres cuartos de hora pero que volvió a evidenciar las diferencias entre PSOE y PP en algunas cuestiones que marcan la agenda política. El abono de los 44 días del devengo de la paga extra suprimida en diciembre de 2012 a los funcionarios es otra prueba. «Hay instituciones que ya han pagado: pedimos que la Diputación ponga en marcha los mecanismos», sugirió en el turno de ruegos y preguntas el diputado socialista Carlos Labrador. Hace solo unos días, en Diputación incidían en que estaba «en estudio». Ayer, su presidente se mostró mucho más contundente. No se pagará. Al menos no, mientras no haya un fallo judicial definitivo. «Cuando la sentencia sea firme, procederemos a ejecutarla. Si pagamos y es contraria tendríamos que pedir a los funcionarios que nos devolviesen el dinero», justifica León. La explicación para actuar en este sentido, remarca, es una cuestión de «seguridad jurídica».

José Antonio Monago había anunciado el pasado día 10 que la Junta pagaría a sus trabajadores la parte correspondiente a esos 44 días devengados. El decreto que suspendía la extra entró en vigor el 15 de julio de 2012, pero los empleados públicos generan el derecho a cobrarla el 1 de junio.

Para la Diputación de Cáceres el artículo 2 del Real Decreto Ley 20/2012, por el que se dejó de abonar la paga extraordinaria de Navidad, supuso un ahorro de 1,39 millones.

Otro aspecto en el que PP y PSOE dejaron señales de desencuentro fue la aprobación del reglamento de la central de contratación. Permitirá a los municipios, sostiene el Gobierno, ahorrar en costes a la hora de contratar bienes y servicios. «Ha venido funcionando en Diputación, pero ahora se extiende a todos los municipios». Saturnino López Marroyo incide en que se gana en «eficiencia administrativa», a la vez que se responde a una demanda de los propios ayuntamientos.

Para el grupo socialista la situación no es tan sencilla. «Quedan dudas de qué va a pasar con el pequeño y mediano comercio y con las empresas que pueden verse perjudicadas por estas compras masivas», alerta Carlos Labrador. Los socialistas se abstuvieron en la votación de este punto. Más tarde, también lo hicieron en el tradicional aperitivo navideño.