A la búsqueda de pruebas en la basura

Se acabaron los tiempos de concienciar con las bondades del reciclaje de residuos. De los ayuntamientos que invitaban a sus vecinos a que no fueran 'daltónicos' con el medio ambiente e introdujeran sus desechos en los correspondientes contenedores e iglúes verdes (vidrio), azules (cartón y papel) y amarillos (latas y envases). Aunque durante muchos años, esos mismos residuos acabaran mezclados en el mismo vertedero. Han pasado 15 años y España es un 'bosque' de gente que separa sus basuras orgánicas de las que no lo son, lo que ha quedado también reflejado en el paisaje urbano, donde han crecido como 'champiñones' los contenedores: exactamente 528.606.

Los expertos exhiben hoy orgullosos el avance en la conciencia ambiental. «Cada año, si no recicláramos, tendríamos el equivalente a 90 estadios como el Santiago Bernabéu llenos hasta arriba», resume el director de Comunicación de Ecoembes, el gran gestor público-privado con el que colaboran más de 12.000 empresas españolas y un centenar de administraciones públicas.

Pero no era suficiente. Desde hace tiempo casi todos los grandes ayuntamientos y muchos pequeños han ido dotándose de normativas que penalizan el uso incorrecto de los contenedores. Madrid se lleva la palma en celo. En sus tiempos de concejala de Medio Ambiente, Ana Botella creó una normativa que multiplicó por 12 las multas hasta alcanzar los 750 euros, e invitaba a los vecinos a «poner en conocimiento de la autoridad municipal las infracciones que presenciasen».

Cuatro años después y ya como alcaldesa, Botella cuenta con una legión de 400 inspectores, entre cuyas labores se incluye el rebuscar pruebas de cargo en las bolsas depositadas fuera de los contenedores. «Dejé la bolsa fuera porque el contenedor azul estaba lleno. Y ellos -los controladores- rebuscaron, encontraron un recibo de la luz y me multaron», denunció ayer en la cadena Ser una vecina celosa de su anonimato, a la que el Ayuntamiento de Madrid ha impuesto una sanción de 250 euros. Ella la ha recurrido, pero el Consistorio ha rechazado sus alegaciones. «Solo le queda la opción de acudir a un contencioso que le costará un mínimo de mil euros», lamenta el portavoz de la organización de consumidores Facua, Roberto Sánchez. Una vez más, el cascabel es mucho más valioso que el gato.

Indicios o pruebas

Esta 'policía de la basura' está legitimada por una sentencia del Tribunal Supremo de finales de 2012 que revocó una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Su jurisprudencia permite a los inspectores hacer esas revisiones en «lugares de libre acceso y no en aquellos protegidos constitucionalmente». De poco sirven las alegaciones de los consumidores que consideran que esas pruebas son «meros» indicios. «¿Quién demuestra que los papeles no los ha sacado un indigente que buscaba cosas de valor en el contenedor?», se pregunta Rubén Sánchez. Mejor que no sea así porque la normativa no exime a los desheredados de ser multados. Varias organizaciones humanitarias advirtieron contra la falta de tacto y, de momento, no consta que se haya sancionado a nadie por olvidarse los yogures caducados que acababa de sacar del contenedor de residuos orgánicos.

Pero la orden deja claro que, si no se localiza al vecino implicado, la 'receta' podría llegarle a su comunidad de vecinos. Solo en el 2013, los agentes del reciclaje han impuesto 158 multas en Madrid, ciudad en la que Botella impulsó aquel 2009 una nueva tasa de recogida de desechos con la que recauda cerca de 200 millones de euros al año.

España presume de que el reciclaje doméstico alcanza al 70,3% de la población. Con un depósito por cada 400 ciudadanos, podemos sacar pecho de ser los mejor dotados de Europa. Lo recuperado en estos 15 años «equivale a alimentar de energía durante un año una ciudad como Barcelona», recuerda Antonio Barrón desde Ecoembes. Aún así, impulsarán nuevas campañas en 2014 buscando la «fibra sensible y emocional», de ese cuarto de la población que no se cree las bondades de la ecología.

No está claro si le ayudarán la política de 'palo y zanahoria' que aplican ya muchos municipios. El pasado jueves se añadió a los sancionadores As Pontes (La Coruña), uno de los pueblos más contaminados por la minería, que aprobó una normativa con multas de hasta 750 euros en la materia. Al igual que otros (como, por ejemplo, ocurre en Madrid) se podrán sustituir por trabajos en beneficio de la comunidad. Está claro que unos se copian a otros porque esos 750 euros de multa máxima se leen en otros reglamentos. La basura parece destinada a no generar desempleo. Da trabajo a 42.000 personas para que nos ayuden a desprendernos de los 26,76 kilos de residuos que 'encestamos' por persona y año en esos recipientes.