El Ayuntamiento tramita la resolución del contrato

El primer día en que Francisco Javier Fragoso tuvo plenas funciones de alcalde (5 de marzo de 2013), empezó los trámites para penalizar a Parking Conquistadores SL por incumplir el contrato para la construcción del aparcamiento. Le impuso una multa de 617.338 euros como primer paso para romper la relación del Ayuntamiento con la promotora, lo que será posible a través de la resolución del contrato.

El aparcamiento se adjudicó en 2007 y debía estar terminado en marzo de 2009. Sin embargo, no está acabado: falta terminar el edificio de asociaciones y rematar el subterráneo y la plaza. Su coste se ha disparado, según ha defendido la promotora en diversas ocasiones.

El objetivo del Gobierno local es que el aparcamiento, el edificio de asociaciones y la plaza pública entren en funcionamiento para el uso de los ciudadanos. Lo que aún no ha decidido el Consistorio es si lo explotará directamente -como el estacionamiento de Santa María- o lo volverá a sacar a concurso.

Se trata de un proceso largo que pasará por distintas fases. Entre otras cosas, deben aclarar el valor de la obra. Se adjudicó por 9,5 millones de euros, que era el coste que aparecía en el proyecto básico y que es el importe que toma el Ayuntamiento como referencia.

Sin embargo, la constructora elevó el presupuesto cinco millones tan solo unos meses después en el proyecto de ejecución. Según ha defendido la promotora en diversas ocasiones, el coste real de la construcción se disparó hasta los 20 millones de euros. En todos estos años, el Consistorio solo ha aceptado un incremento, del 13,78% por circunstancias sobrevenidas durante la obra y que tiene el visto bueno del Consejo Consultivo de Extremadura.

La obra se ha desarrollado con financiación íntegramente privada, pero en suelo público.

Otro asunto que deberá aclarar el Ayuntamiento es la propiedad del complejo. La propiedad del edificio era en principio municipal y la promotora, titular de la concesión. Pero Liberbank ejecutó la hipoteca abierta sobre la construcción. La subasta quedó desierta al no mostrar interés ninguna compañía por quedarse con la instalación. Pero el conflicto surge porque los edificios públicos son inembargables.

La concesionaria, por su parte, pretende declarar nula la subasta que realizó el banco.