La Junta consigue una vivienda social para Rosario Morcillo y sus hijos

Nuevo giro en el mediático caso del desahucio de Rosario Morcillo. La Junta de Extremadura ha confirmado que pondrá alojar a esta mujer y a sus dos hijos, uno de ellos discapacitado, en una vivienda social. El director general de Política Social de la Junta de Extremadura, Juan Bravo, ha asegurado, no obstante que para que esta dombenitense adquiera esta vivienda se necesita también un informe de los Servicios Sociales, para que la Dirección General de Vivienda conceda la vivienda, que podría estar en Don Benito o en la vecina Villanueva de la Serena según ha podido saber HOY.

De momento, los Servicios Sociales de Don Benito no han recibido aún la solicitud del informe necesario para este trámite y tampoco tienen constancias de que en estos momentos exista ninguna vivienda social vacía, aunque recuerdan que depende de la Junta de Extremadura y que no llevan un control exhaustivo de todas las viviendas sociales del municipio.

Además, el Ayuntamiento de Don Benito está en conversaciones con el abogado de la propietaria del piso en el que actualmente reside Morcillo, por lo que el desahucio previsto para el 20 de febrero se podría retrasar, siempre y cuando se paguen los 1.700 euros que se deben, aunque también depende de lo que diga el juez.

La propietaria

La otra cara del caso de Rosario Morcillo es la de la propietaria de la vivienda, situada en la avenida de la Constitución. Se trata de una señora de 83 años, con una pensión y que necesita el dinero del alquiler para poder subsistir, algo que consigue gracias a la ayuda de sus hijas, ya que además tiene un 65 por ciento de minusvalía. Esta mujer cobra una pensión de viudedad de 632 euros. Los ahorros que tenía los empleó en reformar el piso antes de alquilarlo, según sus familiares.

La hija de la dueña, Margarita Navarrete, afirma que 'Chari' Morcillo sólo pagó el primer mes de alquiler, el de julio del año pasado y la fianza correspondiente. «Desde que entró tenía intención de no pagar y no ha pagado. Además mi madre está pagando las facturas de luz, agua y gas y manteniendo las dos casas», señala la hija de la propietaria del piso, quien afirma que si se suman las costas de todo el proceso legal que se está siguiendo la deuda ascendería a más de 3.000 euros.

Margarita Navarrete señala que antes de acudir a un abogado la actitud de la inquilina era la de «darme largas, me decía que me había ingresado el dinero pero era mentira», afirma la hija de la propietaria, quien cree que esta persona «ha provocado un desahucio para atraer a los medios y presionar a las administraciones para que le den la renta y la casa. Nos ha utilizado». Margarita Navarrete ve justo que esta persona reivindique lo que cree que le pertenece, pero no utilizando a terceros a los que deja también en una situación difícil.

La familia de la propietaria admite que tiene miedo de lo que les puedan ocurrir el día que vayan al desahucio con los miembros de Campamento Dignidad o con el estado en el que se pueden encontrar la vivienda.