Aprueban en pleno la partida para adquirir el radar para la Policía Local

Ayer se celebró la sesión plenaria ordinaria de febrero, en la que se aprobó una nueva modificación presupuestaria. Esta vez, de 376.000 euros, que se dieron de baja de la partida de reforma de la calle Real. La partida de alta será para realizar una serie de adquisiciones en materiales y equipamiento, según relató el concejal de Hacienda, Francisco Lallave. Una de ellas será la de un cinemómetro para controlar la velocidad de circulación de los vehículos en el casco urbano.

Será un radar que utilizará la Policía Local para detectar a los vehículos que circulen por encima de la velocidad permitida en cada tramo, a los que se sancionará una vez que sean detectados y fotografiados. En el pleno no se dio a conocer qué cantidad de esos 376.000 euros irán destinados al radar, aunque, según ha podido saber este periódico, la intención es que sea móvil, de última generación y que incluso pueda detectar cuatro carriles.

Según manifestó Lallave, ese dinero también irá destinado a adquirir el equipamiento y el mobiliario necesario para poner en marcha el Centro de Innovación Empresarial, construido en el polígono industrial. Además, se rehabilitará la antigua casa del guarda de la Piedad, que acogerá la Escuela de Música y la sede de la Banda Municipal. Por último, según se dijo ayer, ese dinero también irá destinado a la adquisición de vehículos para el departamento de Obras y Servicios.

Esta modificación fue rechazada por toda la oposición, «no por lo que se propone, cómo no vamos a estar de acuerdo», apuntó el edil no adscrito, Marceliano Martín; sino porque de nuevo se lleva una modificación presupuestaria, en lugar de aprobar un presupuesto, como aseveraron los portavoces del PSOE y de IU, José María Ramírez y Santiago Fernández. Ramírez, además de protestar por este hecho, criticó la escasa información que ofrece el equipo de gobierno de su gestión y de cuestiones como el destino que se dará a esa partida modificada.

El pleno debatió dos mociones socialistas, que fueron rechazadas, al igual que una conjunta, presentada por los tres grupos de la oposición. Esa moción proponía sancionar a los propietarios de los pisos vacíos, para intentar promover la venta o el alquiler; así como proponer la misma cuestión en otras administraciones.

García Lobato dio cuenta de la reducción de su salario para acogerse a la Ley de de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que le obliga a pasar de 62.000 euros brutos anuales, que se aprobaron al inicio de la legislatura, a 55.000 euros.