El juez quiere saber antes de ejecutar la sentencia si Plasencia se puede endeudar

Ni un paso adelante en el asunto de las huertas de La Isla. La reunión que mantuvieron ayer en Cáceres las partes ante el juez del TSJ encargado de ejecutar la sentencia, Juan Francisco Bote, no sirvió para avanzar en la solución de un problema del que depende toda la política municipal de los próximos años dado el inmenso tamaño de la deuda contraída con los propietarios, de unos 40 millones de euros.

El alcalde, Fernando Pizarro, el concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández, y varios técnicos del Ayuntamiento acudieron a una reunión en la que los abogados de los dueños de las huertas volvieron a pedir la ejecución de las sentencias en los términos en los que ha establecido el Tribunal Supremo. Sin embargo, el juez ha accedido a esperar a que el Ministerio de Hacienda termine de elaborar el informe en el que determinará si concede al Ayuntamiento permiso para aumentar su techo de deuda desde el 75 por ciento que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria hasta el 110 por ciento, el máximo permitido para las administraciones locales.

Pizarro y su equipo acudieron al Ministerio en enero en busca de esa autorización, pero allí les dijeron que primero es necesario elaborar el informe sobre la situación actual de las arcas municipales. El problema es que antes el Ministerio necesita la liquidación del presupuesto local de 2013, la cual aún no está lista. Hacienda quiere saber si Plasencia necesita realmente aumentar su techo de deuda para solucionar este grave problema o le bastaría con refinanciar la actual con las entidades bancarias.

Por lo tanto la reunión de ayer sirvió para poco. Fernando Pizarro volvió a esgrimir ante el juez los mismos argumentos que viene utilizando desde hace meses: que al Ayuntamiento le resulta materialmente imposible pagar directamente la deuda y asegurar al mismo tiempo los servicios a los ciudadanos. Por eso su intención es pagar la mayor parte posible en especie, es decir, con suelo urbanizable salido del nuevo Plan General Municipal.

Desde el principio los propietarios han rechazado esa fórmula y han exigido el pago en metálico, aunque desde que comenzaron las reuniones con el juez para buscar la manera de ejecutar las sentencias se han producido algunos acercamientos, relativos sobre todo a la posibilidad de que el Consistorio no tenga que asumir los intereses de demora, que a día de hoy alcanzan ya los 13 millones de euros.

En definitiva, la estrategia del gobierno local pasa por que el Ministerio de Hacienda permita elevar el techo de deuda y poder usar esa liquidez para presentar a los propietarios una oferta con una parte del pago en metálico lo suficientemente atractiva como para que acepten la otra parte en especie. Desde ese punto de vista, la reunión de ayer en Cáceres no ofreció ningún nuevo avance.