La oposición pide en la Asamblea regional que la Junta pare la gasolinera de Residencial Ronda

«Una gasolinera en una plaza, al lado de las viviendas y un colegio con 600 niños es una barbaridad». Fue el mensaje que lanzó ayer en el pleno de la Asamblea de Extremadura el diputado de IU, Víctor Casco. La Plataforma ciudadana que se opone a la apertura de una estación de servicio en Residencial Ronda ha conseguido trasladar el debate a Mérida, donde espera que se haga aún más visible para captar apoyos para su causa. De momento ya han recogido 3.200 firmas por escrito, más otras 340 en Internet, según confirmaron ayer responsables del colectivo vecinal. El martes se celebrará una nueva reunión asamblearia para tomar decisiones, entre otras, volver a echarse a la calle tras el éxito de la concentración que se celebró el pasado día 20 y en la que hubo 300 participantes.

En el pleno del Parlamento regional, IU preguntó ayer a José Antonio Echávarri, consejero de Agricultura y Medio Ambiente, sobre las actuaciones que llevará adelante la Junta para garantizar la seguridad de los vecinos.

Echávarri admite que en el Gobierno extremeño aún no ha entrado «un solo papel» ni documentación en relación a este proyecto. Sin embargo, recuerda que cuando esto ocurra, si la gasolinera cumple con los requisitos que marca la ley, entonces «poco puede hacer esta consejería». «Si los documentos que presenta el promotor son correctos solo podremos autorizarlo. De otra forma estaríamos prevaricando», confirma. Eso sí, Echávarri ha incidido en que su departamento «hará las inspecciones correspondientes para garantizar la seguridad de los vecinos».

Acreditar la titularidad de los terrenos, tener la licencia municipal, permiso de acceso a las instalaciones y garantizar la seguridad en el suministro de productos y la inscripción de las instalaciones son algunos de los requisitos que debe cumplir la empresa promotora, Petrogold. Cuando la Dirección General de Industria reciba la documentación preceptiva procederá a inscribir el establecimiento y autorizar la actividad de distribución al por menor de carburantes. Los vecinos esperan que no se llegue a producir esa situación y para ello han conseguido convencer a los tres grupos de la oposición para que les apoyen. Prex-Crex, IU y PSOE llevarán a la Asamblea «una propuesta de pronunciamiento contra esa instalación», adelantó ayer el diputado Víctor Casco. Él mismo solicitó ayer al Ejecutivo regional que tenga la sensibilidad que no está teniendo, apuntó, el Ayuntamiento: «No ha consultado a los vecinos y todas las asociaciones están en contra. Puede pasar cualquier cosa. Garanticen la seguridad de los cacereños», pidió.

Los afectados quieren reunirse con el propio José Antonio Echávarri y con la alcaldesa Elena Nevado. No descartan la vía judicial. Han puesto el asunto en manos de un abogado que está estudiando la documentación y se plantean iniciar un proceso contencioso-administrativo.