La federación vecinal apela al «sentido común» en el conflicto de las huertas

La ciudad amaneció ayer algo más inquieta por su futuro económico después de que el gobierno local pasara al ataque y decidiera hacer públicas las propuestas de los propietarios de las huertas de La Isla para la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Peticiones como un ERE en el Ayuntamiento, suprimir los servicios sociales o suspender todas la obras públicas han soliviantado los ánimos de mucha gente, entre ellos los representantes vecinales.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (Fepave), Antonio Gil, puso ayer voz a ese sentimiento. Se mostró alarmado por las últimas noticias y apeló al «sentido común» para solucionar este grave problema sin hipotecar el futuro de la ciudad para muchos años. A su juicio, las propuestas lanzadas por los abogados de los propietarios en la reunión del pasado martes ante el juez encargado de la ejecución son una «bomba» y una «barbaridad» que equivaldría a «entregarles» la ciudad a los acreedores.

Antonio Gil ha sido convocado por Fernando Pizarro a una reunión el lunes en el Ayuntamiento, en la que el alcalde expondrá ante representantes de distintos colectivos cuál es ahora mismo la situación del conflicto de las huertas, les detallará las propuestas realizadas por los propietarios y planteará las posibles soluciones que tiene previsto poner sobre la mesa el gobierno local.

Desde el equipo de Fernando Pizarro no se ve una salida fácil, y menos aún desde que los propietarios han puesto la negociación en manos de bufetes de Madrid y Valencia, que son los que acuden a las reuniones con el juez en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. El magistrado mediador empezó siendo el presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres, Juan Francisco Bote, pero ahora la ejecución le ha sido asignada a Casiano Rojas. Desde el Ayuntamiento destacan el espíritu de diálogo que vienen mostrando desde el inicio ambos magistrados, ya que si bien tienen claro que su cometido es que la sentencia se ejecute en los términos establecidos por el Tribunal Supremo, también son conscientes de que el Ayuntamiento tiene unos servicios básicos que cubrir y una responsabilidad con la población.

El futuro, en todo caso, se mira con poco optimismo. Las sentencias no son recurribles ante el Tribunal de Estrasburgo al no tratarse de una cuestión de Derechos Humanos, o al menos así lo entienden los servicios jurídicos municipales.

El Ayuntamiento sigue esperando el informe del Ministerio de Hacienda que le dirá si puede o no elevar su techo de deuda. Si se lo permite dispondrá de más liquidez para negociar, pero si no logra la autorización y los propietarios se mantienen inflexibles se corre el riesgo de que haya un embargo masivo de todo el patrimonio municipal.

El presidente de Fepave duda de que el Ayuntamiento vaya a ser capaz de salir del atolladero por sus propios medios, por lo que considera necesaria la ayuda del Estado, un 'rescate' al estilo del que se ha hecho a algunas entidades financieras. En todo caso, asegura que desde el colectivo vecinal están dispuestos a iniciar movilizaciones.