Los dueños de las huertas proponen cobrar en 10 años y esperar al PGM para ver el suelo

Los dueños de las huertas de La Isla han reaccionado a la acusación de Fernando Pizarro de querer dejar a Plasencia «en la ruina» para cobrar los 40 millones de las sentencias del Tribunal Supremo, y ayer ofrecieron su versión de la marcha de las negociaciones. No lo hicieron directamente, sino a través del abogado Santiago Cid, del bufete madrileño Arauz de Robles, en cuyas manos se han puesto nueve de los diez propietarios.

Cid no negó que ideas como reducir la plantilla municipal y recortar en partidas destinadas a asuntos en las que el Ayuntamiento «no tiene competencia directa», como la educación, salieran a relucir en la reunión del pasado martes ante el juez del TSJEx encargado de ejecutar la sentencia, Casiano Rojas. Aclaró no obstante que fueron observaciones hechas «sobre la marcha» y como respuesta al argumento de Fernando Pizarro de que el máximo que pueden arañar este año del presupuesto para pagar las huertas son 500.000 euros. «Nadie quiere llevar a la ciudad a una situación de colapso, estamos proponiendo cosas que nos parecen asumibles para una ciudad como Plasencia», afirmó.

El abogado explicó que acudieron a la última reunión pensando que el acuerdo era «inminente» porque habían visto en el presupuesto municipal de 2014 una partida de 4.750.000 euros para pagar las huertas. «Creímos que habían conseguido el permiso de Hacienda para endeudarse, pero nos dicen que en realidad sólo disponen de medio millón, y que el resto depende de la venta de suelo público. Ese tipo de contabilidad es nuevo para nosotros, y hasta el juez se quedó sorprendido», relata Santiago Cid.

Las conversaciones siguen abiertas, y la propuesta «vinculante» que los propietarios tienen ahora mismo sobre la mesa es perdonar los 13 millones de euros de intereses acumulados y cobrar los 27 millones restantes en un plazo de diez años. Sobre la posibilidad de que una parte de ese cobro pueda ser en suelo público, el abogado afirmó que no lo rechazan de plano, pero aclara que antes tiene que aprobarse el nuevo Plan General Municipal (PGM), ya que hasta entonces «ese suelo en realidad no existe».

El Plan General

Mientras se aprueba el PGM, su intención es ir cobrando a razón de unos tres millones de euros anuales. «Tiene que ser así porque todos sabemos cómo funcionan los planes de urbanismo. Primero nos dijeron que iba a estar aprobado en abril del año pasado, luego que a final de año y ahora resulta que ni siquiera tiene todavía el visto bueno medioambiental de la Junta de Extremadura», apunta el letrado.

Santiago Cid considera que tres millones de euros anuales es una cantidad «asumible» para el Ayuntamiento de Plasencia, cuyo presupuesto ronda los 28 millones. Además cuenta con que la ciudad reciba la ayuda de otras administraciones, entre las que citó al Gobierno de Extremadura y el Ministerio de Hacienda, para facilitarles la financiación necesaria.

El representante de los propietarios criticó la actitud del Ayuntamiento desde que comenzó el proceso que debe llevar a la ejecución de las sentencias. «No han traído ni una sola propuesta, todas las hemos hecho nosotros, hasta cuatro distintas, y además han dejado pasar oportunidades que hubieran desbloqueado la situación, y eso nos parece que ha sido una irresponsabilidad por parte del alcalde desde el punto de vista de la gestión política», afirmó.

Se refiere sobre todo al plan de pagos a proveedores puesto en marcha por el Gobierno el año pasado para que las administraciones públicas saldasen sus deudas, y que según Cid «por primera vez incluía la posibilidad de pagar expropiaciones». El Ayuntamiento ha explicado que no acudió a ese plan porque cuando estuvo el plazo abierto aún no habían salido todas las sentencias, por lo que legalmente no le era posible hacerlo. El abogado lo rebate argumentando que ya habían salido tres sentencias, y además las más cuantiosas, las cuales podrían haber incluido y ahora «tendríamos sólo la mitad del problema». Cree que no se hizo porque acogerse a ese plan implica aceptar un control de las cuentas públicas por parte del Ministerio de Hacienda, algo que «a los políticos no les gusta».

Santiago Cid asegura que por parte de los propietarios la disponibilidad para seguir negociando el mejor modo de cobrar es «absoluta», incluso en el caso de que no haya un acuerdo inminente y el juez dicte ya el acto de ejecución de las sentencias. «Eso sólo significaría que comienza el proceso de ejecución, pero en cualquier momento se puede paralizar si alcanzamos un acuerdo». De hecho, considera que el auto judicial puede ser incluso una «herramienta útil» para el Ayuntamiento en sus negociaciones con el Ministerio de Hacienda.

Tensión ante el juez

El problema es que la distancia entre las partes se ha incrementado tras la última reunión, en la que se llegaron a vivir algunos momentos tensos. Ni por un lado ni por otro se considera posible ahora mismo un acuerdo en la próxima cita ante el juez, que se producirá probablemente este mismo mes de marzo.

Santiago Cid considera que la reacción de Fernando Pizarro al acusar a los propietarios de querer dejar a la ciudad «en la ruina» es una «estrategia política» con la que pretende crear un clima de «crispación social» contra sus clientes. En este sentido, recordó que los propietarios llevan cerca de 30 años «sufriendo» este asunto y que algunos de ellos «han tenido que endeudarse para hacer frente a los enormes gastos» del largo procedimiento judicial. Aun así, los dueños dicen que quieren «ejecutar sus derechos sin causar daño a la ciudad, que es la suya».