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EFE
Viernes, 7 de marzo 2014, 01:13
Medio centenar de trabajadores del Ministerio de Justicia se concentraron ayer a las puertas de los Juzgados de Cáceres para protestar contra la privatización de los registros civiles, lo que en Extremadura afectaría a 110 personas entre personal funcionario e interino.
La concentración ha estado convocada por la plataforma formada por los sindicatos UGT, CC.OO, CSIF y STAJ y su representante, José Antonio Vargas, manifestó que de llevarse a cabo esta medida se estará atentando «contra un servicio público y gratuito consolidado».
Vargas indicó que, aunque el Ministerio de Justicia no lo ha confirmado, tienen información de que su intención es la de «privatizar los registro civiles y que se hagan cargo de los asuntos que ahora tramitan los registradores de la propiedad».
Esto supondría, según Vargas, que los ciudadanos van a tener que pagar por un servicio que hasta ahora es gratuito. El representantes sindical resaltó que todos los ciudadanos tendrá que pagar alguna vez en su vida por este servicio, dado que son múltiples las ocasiones en que es necesario acudir al Registro Civil, por nacimientos, defunciones, matrimonios o divorcios. Además señaló que los registros manejan datos muy personales que pasarían a manos de empresas privadas.
En toda España, el colectivo de empleados afectados asciende a 3.500, de los cuales 110 están en Extremadura.
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