Los sindicatos y los empresarios reclaman un informe jurídico sobre las huertas

Los sindicatos y la Federación de Empresarios, que forman el grueso del Consejo Económico y Social junto a los grupos políticos y la Uex, quieren conocer en profundidad cómo se ha podido llegar a la actual situación en el conflicto de las huertas de La Isla, que amenaza con dejar en la bancarrota al Ayuntamiento. Por este motivo el Consejo acordó ayer solicitar un informe a los servicios jurídicos municipales en el que se explique pormenorizadamente el desarrollo de este contencioso desde sus orígenes hace cerca de tres décadas, así cómo las posibles soluciones.

Aunque el Consejo tiene pendientes otros asuntos importantes -sobre todo la elaboración de un nuevo plan de empleo con el que atacar el grave problema del paro en la ciudad- la sesión de ayer se dedicó de forma monográfica a las huertas de La Isla debido a la gran repercusión que puede tener sobre la economía local la ejecución de las sentencias. Por este motivo, los miembros del Consejo acordaron emitir un comunicado en el que piden a las partes que alcancen un acuerdo «que pague a los propietarios pero que no hipoteque el desarrollo de la ciudad, ni afecte directamente a los servicios prestados a los ciudadanos».

Pero más allá de esta declaración pública, los colectivos que forman parte del Consejo Económico y Social quieren conocer el fondo del asunto para poder trasladárselo de forma correcta a las personas a las que representan, que básicamente son los afiliados a los sindicatos y los empresarios placentinos.

El cumplimiento de las sentencias de las huertas de La Isla está siendo el tema casi monográfico de la actualidad placentina desde la última reunión mantenida por las partes ante el juez encargado de la ejecución, que tuvo lugar en Cáceres el pasado martes, y no tanto por la reunión en sí como por la reacción posterior del alcalde, Fernando Pizarro, quien salió muy molesto de ese encuentro por las peticiones realizadas por los propietarios. Por primera vez desde el inicio del conflicto cargó públicamente contra los dueños de las huertas, a los que acusó literalmente de querer dejar a la ciudad «en la ruina», con propuestas como reducir la plantilla del Ayuntamiento, eliminar los servicios sociales y culturales y dejar de realizar inversiones. Días después, un abogado de los propietarios matizó estas declaraciones del alcalde y dijo que, si bien habían pedido recortes en el presupuesto, lo hicieron sólo en los servicios en los que consideran que el Ayuntamiento no es competente, y siempre con el ánimo de que los ciudadanos no se vean afectados por lo que él considera una mala gestión política de todo este conflicto desde sus inicios.

El Consejo Económico y Social queda a la espera de recibir el informe solicitado a los servicios jurídicos para poder hablar con conocimiento de causa, y ha fijado su próxima reunión para el 20 de marzo a las 11.00 horas. También a finales de este mes está prevista una nueva reunión de las partes ante el juez encargado de ejecutar las sentencias.