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MANUEL M. NÚÑEZ
Lunes, 10 de marzo 2014, 01:34
Las subidas, una tras otra, en el recibo de la luz se han convertido en un quebradero de cabeza para las familias. A la hora de hacer cuentas a fin de mes, la factura eléctrica es uno de los condicionantes más señalados cuando se trata de cuadrar números. Por si no fuera suficiente, la parte fija de esa factura se incrementa una media del 18 por ciento. La variable, es decir, la que depende del uso del servicio, se reduce un siete por ciento.
No se puede decir que sea la mejor noticia para aquellos que habían decidido reducir en todo lo posible el consumo por las dificultades para afrontar el pago. Según el último informe del Defensor del Pueblo, los aumentos de precio y la caída de poder adquisitivo han hecho que 1,4 millones de hogares hayan sufrido cortes de luz por impago o demora. La llamada 'pobreza energética' se ha convertido en un fenómeno al alza. Tanto que su cifra se encamina a los dos millones de hogares.
En medio de este escenario, más de 39.000 familias cacereñas contemplan su recibo eléctrico con cierto alivio. Son los beneficiarios del llamado bono social. Se puso en marcha en 2009 con la entrada en vigor de la Tarifa de Último Recurso (TUR) y se articuló como «una medida de carácter social diseñada para favorecer a los colectivos más vulnerables», explica en su página web el Ministerio de Industria. Las ventajas se concretan en una fundamental. «La congelación -señala Industria- de la tarifa vigente en el momento de la puesta en marcha de la TUR». 39.011 hogares de la provincia están en esa situación.
El dato se incluye en la información facilitada por el Gobierno, con los últimos registros de las empresas comercializadoras, en respuesta a una pregunta de la oposición en el Congreso de la Diputados. Son 2,5 millones de suministros acogidos al bono social en toda España. Más de dos millones (2,1) corresponden a aquellos abonados cuya potencia contratada es inferior a tres kilovatios.
En Cáceres, la mayoría también son de esa categoría (30.765). Llama la atención la escasa respuesta de desempleados (solo 189) en un momento en el que las estadísticas han estado en sus picos más elevados. Además, 1.539 familias numerosas y 6.518 pensionistas (con más de 60 años y que reciban la cuantía mínima) completan la gráfica provincial del bono social.
Ahorro
El Gobierno apunta en su respuesta parlamentaria que son los últimos datos disponibles (finales de 2012). Este diario ha consultado con Iberdrola, la principal empresa comercializadora de la provincia, y estima que unos 31.500 de sus 240.000 clientes están acogidos al bono social. Eso sí, no facilita el desglose de los mismos por categorías, cuatro en total: familias numerosas, hogares que tengan a todos sus miembros en situación de desempleo, potencias por debajo de tres kilovatios (no necesitan solicitarlo, ya que la compañía se lo activa directamente) y pensionistas de menor poder adquisitivo. Todos ellos se está ahorrando un mínimo del 25 por ciento en el recibo. Así se recoge en el informe del mes de enero sobre indicadores eléctricos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El estudio apunta un descuento del 25,6 por ciento a fecha de septiembre de 2013. Aún sería superior si se tuviese en cuenta que desde entonces se han producido otras dos subidas en el recibo: una del 3,1 por ciento en octubre y otra del 2,3 en enero.
La financiación del bono social es, por ahora, competencia de las eléctricas. En total, 228 millones anuales para favorecer a los «más vulnerables». Lo contradictorio, ha denunciado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, es que el Gobierno se preocupe por esos colectivos en tiempos de crisis pero no incluya la partida en los presupuestos del Estado (como en Gran Bretaña) y además grave esas facturas con un 21 por ciento de IVA. «Si es un problema, es un problema para todos», opina. Pero más allá de quién paga los descuentos, a 39.000 familias cacereñas lo que de verdad les interesa es que al menos les salen las cuentas cuando ven el recibo.
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