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Una voluntaria ofrece comida a una persona necesitada en Barcelona. :: VICENS GIMÉNEZ
España ostenta el mayor aumento en la brecha entre ricos y pobres
ECONOMÍA

España ostenta el mayor aumento en la brecha entre ricos y pobres

La OCDE asegura que los más desfavorecidos perdieron un tercio de los ingresos de 2007 a 2010 y los más pudientes apenas fueron afectados

FERNANDO ITURRIBARRÍA CORRESPONSAL

Miércoles, 19 de marzo 2014, 01:13

España es la campeona de la brecha social en el primer mundo. Ostenta el dudoso privilegio de ser el país desarrollado donde más han aumentado las desigualdades entre ricos y pobres desde el estallido de la crisis. Mientras la población más pudiente apenas se ha visto afectada, la más desfavorecida ha perdido prácticamente un tercio de sus ingresos entre 2007 y 2010. Es la demoledora conclusión de un informe publicado ayer en París por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que coincide con el diagnóstico presentado la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La séptima edición del estudio 'Panorama de la sociedad', que se publica cada dos años, refleja los estragos causados en el reparto de la riqueza de los países más desarrollados al cabo de un lustro de la quiebra de Lehman Brothers. La gran recesión y los esfuerzos de saneamiento presupuestario han acentuado la tendencia general a la ampliación de la fractura social con un impacto particularmente importante, además de en España, en Italia, Grecia, Irlanda y Estonia.

Los ingresos del 10% de la población española más pobre cayeron a una media anual del 14%, «con mucho» el mayor descenso en la OCDE. El promedio en el 'club de los ricos' fue del 2% y en ninguno de sus miembros superó el 10%. Sólo en México, Grecia, Irlanda, Estonia e Italia hubo caídas superiores al 5%. En el polo opuesto, la pérdida de ingresos del 10% de los españoles más ricos fue aproximadamente del 1%, como en la media de la OCDE. En consecuencia, los ingresos medios del 10% más rico en España fueron en 2010 trece veces más altos que los ingresos medios del 10% más pobre. El diferencial medio de la OCDE se situó en 9,4 veces.

El coeficiente de Gini, que mide la desigualdad económica, aumentó en casi un 3% durante el trienio cuando en el conjunto de la OCDE se mantuvo estable y no hubo ninguno de sus 34 países que rebasara el 1,5%. En función de ese parámetro España era la octava economía menos igualitaria por detrás de Chile, México, Turquía, Estados Unidos, Israel, Portugal y Reino Unido. Islandia es la excepción; allí fueron los más acomodados quienes han pagado un mayor tributo: el 10% más rico perdió alrededor de un 12% anual y el 10% más pobre, un 8%.

El porcentaje de población en pobreza monetaria (vivir con menos de la mitad de la renta media del país) aumentó algo menos de dos puntos hasta el 15,4% en 2010, frente a una media del 11,3% en la OCDE. El informe cifra en unos 2.600 euros por persona la pérdida media de ingresos experimentada por los hogares españoles entre 2008 y 2012, uno de los descensos más fuertes entre los países de la Eurozona. El trabajo subraya que la pérdida masiva de empleos en España se ha visto acompañada por una fuerte polarización del mercado laboral entre los contratos fijos, más protegidos, y los eventuales, con menos seguridad. Por consiguiente, se pronuncia a favor del contrato único para combinar flexibilidad y garantías mínimas de protección.

«Las ayudas públicas no están orientadas hacia los más afectados por la crisis», dictamina al constatar que el sistema de protección español estaba «mal preparado» para afrontar un fuerte aumento del paro prolongado y de la pobreza. «Las prestaciones asistenciales para los desempleados de larga duración y para las familias de trabajadores pobres deben ser fortalecidas urgentemente. Esto no sólo requiere modificaciones legislativas, sino también los recursos presupuestarios adecuados y la capacidad administrativa que garantice que todos los demandantes elegibles recibirán ayuda en el momento oportuno».

La organización que dirige Angel Gurría ofrece como pista para financiar estas prestaciones la supresión del IVA reducido o nulo aplicado a muchos productos y servicios con argumentos de política social. «En general, los grupos de bajos ingresos consumen menos que los de altos ingresos y, en consecuencia, las exenciones y rebajas del IVA los benefician menos», argumenta.

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