La exclusión ha crecido un 60% desde la crisis y afecta ya a 11 millones de españoles

Los españoles que no pasan apuros son una «estricta minoría». Así lo expresa Cáritas, que en un informe denuncia que los ciudadanos que gozan de una «plena integración» social ya solo suponen 16,1 millones (34,3%), cuando en 2007 alcanzaban el 50,1%. El estudio 'Análisis y perspectivas 2014' revela que los recortes sanitarios no son inocuos y redundan en un deterioro de la salud de los ciudadanos.

La debacle económica está dejando a muchos excluidos en el camino. Unos 11,7 millones de personas (3,8 millones de hogares) están afectados por distintos grados de exclusión social. La cifra evidencia un crecimiento notable, pues desde 2007 los desposeídos han aumentado en 4,4 millones de ciudadanos, lo que supone un incremento del 60,6%. Los que sobreviven bajo el umbral de pobreza severa representan cinco millones de personas y han crecido desde el estallido de la crisis de manera exponencial: un 82,6% desde 2007.

Cáritas cree que el problema tiene solución. La ONG dependiente de la Iglesia católica aboga por conceder un salario social a las personas en situación de pobreza extrema, lo que representaría un desembolso de 2.600 millones de euros, «menos de lo que exige rescatar las autopistas de peaje», aseguró Francisco Lorenzo, del equipo de estudios de la organización. Con esa inversión quedarían a salvo 700.000 hogares que no reciben ningún ingreso. Para Cáritas, esta cantidad debería ser complementaria a la renta que conceden las comunidades autónomas para favorecer la inserción social. La entidad sostiene que el copago farmacéutico se está traduciendo en que en muchos hogares están dejando de comprar medicinas, al tiempo que se abandonan tratamiento y dietas en una proporción que duplica a la de hace unos años. No en balde, los damnificados por la exclusión de determinados servicios de salud suponían el año pasado el 19,8% de la población, proporción que escala al 46% entre los que engrosan el grupo social de los excluidos y el 60,3% entre los que sufren pobreza severa.

Burbuja inmobiliaria

El pinchazo de la burbuja inmobiliaria no ha comportado una mejora en el acceso a la vivienda. Todo lo contrario. Una vez descontados la hipoteca, el alquiler, gastos de luz y agua y otras cargas, el dinero que queda es tan exiguo que los miembros de muchos hogares quedan expuestos a la pobreza severa.

El retroceso socioeconómico que padece España es muy acusado. La renta media de la población española es, en términos reales, inferior a la que se registraba en el año 2000, hasta el punto de que España es uno de los países en los que el crecimiento de la desigualdad ha sido más devastador. Solo nos adelantan Letonia y Bulgaria.

Junto a los ancianos, los menores son uno de los grupos sociales más perjudicado por la crisis. España es el segundo país de la Unión Europea con el mayor índice de pobreza infantil, de modo que solo Rumanía aventaja a nuestro país en la ominosa clasificación. El riesgo de pobreza entre los menores de 18 años se cifró en 2012 en el 29,9 %, casi nueve puntos por encima de la media de la UE, según datos de 2013 de Eurostat.

Los autores del informe reclaman un pacto de Estado que acabe con la pobreza en España, lo que por añadidura restablecería el prestigio perdido por los partidos políticos.

En el documento se aduce que el desempleo y las restricciones en la vivienda y la salud son los factores que más han contribuido al aumento de la exclusión. Mientras los problemas de vivienda han crecido un 36%, los relacionados con el empleo se han duplicado. Frente al optimismo oficial, Cáritas argumenta que incluso los puestos de trabajo precarios o irregulares se están reduciendo. A juicio de la entidad, «nada parece indicar» que la puesta en marcha de la reforma laboral haya contribuido a la creación de empleo ni a la reducción de la temporalidad de las nuevas contrataciones.