Los vecinos de Los Rostros piden un acuerdo sobre sus casas ilegales

En el año 2000 se parceló una finca en Los Rostros, entre la Carretera de la Corte y la urbanización La Atalaya. Muchos pacenses compraron un terreno a modo de inversión o para hacerse una casa de fin de semana. Finalmente se rechazó convertir la zona en un terreno urbanizable, por lo que no se podía construir. Parte de los propietarios desafiaron la prohibición y comenzaron a edificar. En estos 14 años ha habido sentencias en contra, multas y derribos, pero quedan muchas casas en pie y, aunque sus dueños son conscientes de que se trata de viviendas ilegales, quieren una solución negociada con el Ayuntamiento de Badajoz.

«Si hay que pagar algo al año para arreglarlo está bien, pero solo tengo una caseta de 30 metros cuadrados en la parcela y la quieren tirar», se lamenta Rafael García mientras pasea con sus ovejas. Este pacense tienen la finca para sus animales y en ciertos momentos para pasar el día en el campo, pero no reside allí. «Nos dijeron que no se podía construir, pero es solo una cosa para el día que llueva», asegura.

Otro de sus vecinos sí que construyó una casa y un almacén en su parcela y acumula multas por valor de 67.000 euros. «Por mi que lo tiren y se queden la finca porque no lo puedo pagar. Estoy jubilado, cobro 700 euros y tengo cinco nietos que comen en mi casa», asegura.

Este vecino, que no quiere identificarse porque mantiene un proceso legal en marcha, explica que compró la parcela cuando tenía dinero, le costó unos dos millones de pesetas y ha construido las casas con ayuda de sus hijos. Ahora, sin embargo, no puede pagar ni los 4.500 euros que le piden para demolerlas. «Entiendo lo que ha pasado, pero parece que la han tomado con nosotros».

Este es el sentimiento predominante entre los propietarios de Los Rostros I y Los Rostros II, las dos urbanizaciones que se construyeron en esta zona. Comprenden que edificaron de forma clandestina, pero insisten en buscar una solución negociada en lugar que derribar las viviendas. También consideran que las multas son excesivas. «Aquí a nadie le engañaron. Pagamos el terreno y cuando nos dijeron que no se podía urbanizar, el dueño se ofreció a devolvernos el dinero, pero muchos decidimos seguir adelante. En otros sitios se ha encontrado solución. Aquí nada», dice un vecino que no ha construido en su parcela.

Sin embargo hace unos días el concejal delegado de Urbanismo en el Ayuntamiento, Celestino Rodolfo, indicó que este proceso solo puede terminar con el derribo de las casas. El edil aseguró que el Ayuntamiento tiene la obligación de abrir expedientes sancionadores y que, cuando se terminen los procesos judiciales, las viviendas serán derribadas por completo.