IU entrega al fiscal todo el historial de la operación de El Corte Inglés

Habían pedido una entrevista y el encuentro se ha desarrollado hace unos días. Los concejales del grupo municipal de IU han tenido oportunidad de exponer al fiscal superior de Extremadura, Aurelio Blanco, todo el expediente que han recopilado sobre la operación urbanística del solar de las Carmelitas, una operación que consideran plagada de «irregularidades» y hasta de posibles «delitos o faltas» en la aprobación del plan especial, según hacía constar IU en la carta de petición de la entrevista dirigida al fiscal.

La entrevista con Aurelio Blanco se celebró el 19 de marzo y en ella participaron los dos concejales del grupo, Margarita González Jubete y Manuel Cruz. De tal encuentro informó ayer Margarita González y recordó que su grupo insiste en que la operación urbanística ha sido «una excusa para especular en una parcela del centro de la ciudad». IU espera que la fiscalía tenga en cuenta su denuncia, aunque cabe matizar que su iniciativa se trata de una petición de entrevista. Fue solicitada tras conocerse que la firma El Corte Inglés se había desvinculado del proyecto de Cáceres en octubre de 2012, a pesar de lo cual el Ayuntamiento ha seguido tramitando y aprobando el plan especial.

Sobre esta empresa cabe señalar que en la comisión de Urbanismo de ayer se aceptó la legalización del cartel anunciador de su Centro de Oportunidades, ubicado junto a Induyco. El cartel existente es autorizado como indicativo del centro, pero no para contener otro tipo de mensajes publicitarios.

Autobús

Por otra parte, los concejales de IU expresaron su oposición a la concesión de servicios públicos municipales a las empresas privadas y se refirieron, en concreto, a la última adjudicación aprobada, la del autobús urbano. Manuel Cruz abogó por «recuperar la gestión y los servicios públicos» porque, en su opinión, «se está trasvasando renta al sector privado» con estas concesiones.

Sobre la contrata del bus, González Jubete alertó de la posibilidad de tener que rescatar la concesión desde el Ayuntamiento por entender que no es viable con el escaso margen de beneficio industrial asumido por la empresa Subus (el 0,001%).

Por su parte, el Gobierno destacó la viabilida de la contrata, sus mejoras, ahorro y la garantía del mantenimiento de los empleos.