La Junta tapia los garajes de Suerte de Saavedra para evitar los asaltos

La Junta de Extremadura se gastó hace dos años un millón y medio de euros en cuatro garajes de Suerte de Saavedra. La inversión puso fin a un problema de seguridad. Esas cocheras se construyeron hace más de treinta años bajo los pisos y nunca se llegaron a alquilar a los inquilinos de las viviendas sociales que tenían derecho a arrendarlas. Los continuos asaltos la dejaron inutilizadas y hubo quien incluso las usó para guardar los perros.

En Fomento no quieren que se repita la historia y desde hace diez días dos de los cuatro garajes que se arreglaron están tapiados.

La decisión se tomó después de que el miércoles 28 de marzo forzaran la entrada de acceso a uno de los estacionamientos y los asaltantes arrancaran grifos, cables y luces que se instalaron con la obra. Tanto el sistema de fontanería como el de electricidad se cambió entonces y prácticamente no se habían utilizado. Al día siguiente se dio orden de tapiar los dos garajes que no tienen uso, uno en la calle Ricardo Carapeto Burgos y otro en Vidal Lucas Cuadrados. La semana pasada se selló definitivamente el acceso con una placa metálica en las puertas. Tanto los accesos exteriores como las conexiones con los bloques de viviendas se han clausurado. Cada garaje lo comparten varios bloques de viviendas y los residentes de estas casas pueden alquilar una plaza por 20 euros al mes a la Junta.

La reapertura de los garajes era una de las reivindicaciones más repetidas de los vecinos, incluso se decía que cuando se habilitaran no habría para todos porque las ochenta o noventa plazas se debían repartir entre 300 familias. Sin embargo, cuando finalmente se arreglaron no hubo interesados suficientes para los cuatro garajes y dos se quedaron sin uso por escasa demanda.

En los bloques creen que la falta de interés tiene mucho que ver con falta de información y que muchos de los inquilinos no saben qué trámites tienen que seguir para pedir el arrendamiento.

Antonio Ponce es uno de los más veteranos en la calle Ricardo Carapeto Burgos. Llegó al poco tiempo de que se entregaran las primeras viviendas y dice que nunca ha recibido una carta o una comunicación de la Junta informándole de que puede alquilar una cochera. Hace años se reunió en Mérida con el director general de la Vivienda para pedirle que abrieran las cocheras porque muchos vecinos estaban dispuestos a pagar los veinte euros de alquiler. En esa reunión le comunicaron que se abriría después de las obras. «Os vamos a entregar las cocheras con lazo», fueron las palabras que recuerda. Desde entonces no ha vuelto a tener noticias y con el cambio de partido en la Junta cambió el responsable de Vivienda. Saben de las obras porque las han visto, pero nadie les ha comunicado que podría alquilarlas.

Manuel Antonio también es de los que podrían alquilar plaza, pero cree que el flamante garaje se ha tapiado por falta de entendimiento. Cuenta que a los 20 euros de alquiler también tienen que sumar los gastos de comunidad y mantenimiento, lo que supondría algo más de 35 euros mensuales. El precio resulta inalcanzable para familias que pagan cien euros de alquiler social porque apenas tienen ingresos. «Algunas incluso han negociado con la Junta el aplazamiento de los arrendamientos de los pisos y no creo que les interese quedarse con una plaza».

La misma explicación encuentra Antonio Chacón, el conocido representante vecinal que fue también uno de los que más insistió en la reapertura. Ha seguido de cerca el proceso y recuerda que las dos que se abrieron hace más de un año funcionan sin problemas porque los interesados se han comprometido a pagar los gastos de mantenimiento general.

En una de esas cocheras los vecinos incluso se hicieron cargo de la instalación de la puerta automática y también sufragaron con fondos propios la colocación de cámaras de seguridad que graban en todo momento el interior del aparcamiento.

Seguridad

Para Chacón, lo realmente importante es que se ha superado un problema serio porque los garajes abandonados eran un foco de problemas.

La Junta decidió arreglarlos en 2010 porque sospechaba que se utilizaban para guardar motos robadas y había a quien le servían de taller donde llevaban coches abandonados para desguazarlos y vender las piezas. A pesar de que nunca se entregaron, a la cocheras entraba gente a diario. Las que no fueron ocupadas ilegalmente cayeron en el olvido hasta que la basura acumulada provocó invasiones de ratones, garrapatas y pulgas.

El Ayuntamiento intervino en varias ocasiones mandando a la empresa concesionaria de fumigación. Chacón recuerda que todos estos problemas han pasado a la historia porque con las obras se puso fin tanto a la ocupación ilegal y a la basura, por eso cree que la Junta ha actuado en este caso con rapidez sellando las entradas. «Es una pena que se hayan tenido que cerrar después del dinero que se han gastado».