Tres meses de cárcel y 2.700 euros de multa para el joven que arrojó al vacío un perro

Arrojar un perro al vacío desde un sexto piso, con el lógico resultado del fallecimiento del animal, un bulldog francés de 10 meses de edad, le ha supuesto a Antonio G.P. una condena de tres meses de cárcel y el pago de 2.700 euros al propietario del animal, que se ha llegado a tatuar la imagen de Homer para compensar su pérdida.

Francisco Matías Lázaro, magistrado del juzgado de lo penal número 2 de Cáceres, donde ocurrieron los hechos la noche del 29 de junio del 2013, no ha tenido demasiados problemas a la hora de considerar los hechos constitutivos de un delito de maltrato animal, y de imponer la pena mínima que establece el artículo 337 del Código Penal. Era la petición del Ministerio Fiscal, que cambió sus conclusiones provisionales en las que solicitaba un año de prisión, a la vista del arrepentimiento demostrado por el acusado y su solicitud de perdón al dueño del perro durante el juicio, celebrado el pasado 2 de abril.

La acusación popular de El Refugio e incluso la defensa de Antonio G.P. se adhirieron a la petición de tres meses de prisión, que no cumplirá al no tener antecedentes penales.

Sin embargo, el texto de la sentencia sí se convierte en una reflexión acerca de cómo se puede cuantificar en dinero el daño moral causado al propietario de una mascota que la pierde de forma traumática.

De hecho, el juez no entra a considerar los motivos que llevaron al acusado a arrojar al perro hacia una muerte segura (su dueño lo llegó a recoger del suelo de la calle Argentina con una halo de vida, pero murió en sus brazos), aspecto que despacha en la sentencia con la frase «por la zonas que fuera». Todo apunta a que las relaciones de amistad que mantenía la chica que vivía en el piso desde donde fue arrojado Homer con los dos jóvenes está en el origen de este suceso de maltrato animal.

«¿Cuál deberá ser por tanto la compensación que se abone al perjudicado por la muerte de su perro?», se pregunta el magistrado, quien añade que «resulta de sobra conocido el cariño que los propietarios siente por sus animales de compañía», y que se hace eco del dolor del dueño cuando destaca en el texto de la sentencia que «al animal lo había comprado con dos meses de vida, y pasó totalmente a su cargo viviendo con él las 24 horas del día, criándolo como si fuera su propia familia». «Su desaparición le ha dejado una importante huella y un vacío muy difícil de volver a llenar», sostiene el magistrado.

Finalmente, el juez estima que el pago de 2.000 euros «es una suma ponderada y proporcionada». La cantidad es inferior a la que pedía el fiscal (3.000 euros), pero superior a los 500 euros que ofrecía la defensa e incluso a la de la acusación de la protectora El Refugio (1.300 euros).

A esos 2.000 euros se añaden los 700 euros que le costó el perro a su dueño y que todas las partes estaban de acuerdo que era una cantidad que se debía satisfacer. Ese dinero, incluso, ya ha sido abonado por Antonio, quien también deberá hacer frente a las costas de juicio.

El acusado, además, estará un año de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio relacionado con los animales. La sentencia, no obstante, es recurrible ante la Audiencia Provincial.

Ayer, El Refugio mostró su satisfacción por el fallo. «Esperamos que sirva de aviso para todos aquellos que todavía no se han enterado de que a los animales no se los debe maltratar», declaró Nacho Paunero, presidente de la asociación protectora.