El Ayuntamiento reserva 120.000 euros por si tiene que pagar la extra de 2012

El Ayuntamiento de Plasencia tiene reservada en sus presupuestos de 2014 una partida de 120.000 euros que corresponde al importe de la paga extra de Navidad de 2012, suprimida por orden del Gobierno central. No obstante, sólo se realizará el abono en el caso de que el Tribunal Constitucional declare ilegal el decreto por el que se eliminó la paga.

El ejecutivo de Fernando Pizarro no sigue por lo tanto, al menos de momento, la senda de otras administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, que han decidido ya devolver al menos los 44 días devengados hasta que se aprobó el decreto. El motivo es que la paga extra de Navidad comienza a devengarse el 1 de junio de cada año, mientras que el decreto para su eliminación entró en vigor el 15 de julio de 2014. Los sindicatos han pedido que al menos se devuelva ese dinero mientras se pronuncia el Tribunal Constitucional.

El Ayuntamiento de Plasencia no lo va a hacer. Con la supresión de la extra de Navidad de 2012 se ahorró cerca de medio millón de euros, que no tiene intención de devolver a los trabajadores a menos que le obliguen, aunque en diversos lugares del país los juzgados territoriales ya han dicho que aquella decisión no se ajustaba a la ley, y es mayoritaria la opinión de que el Constitucional acabará pronuciándose en el mismo sentido.

La Junta de Extremadura, y otras administraciones extremeñas como la Diputación de Badajoz y algunos municipios, ya han decidido devolver los 44 días devengados. El ejecutivo autonómico lo hará en dos plazos, uno en este mes de abril por un montante de 14,4 millones de euros, y el otro en enero de 2015 por 6,1 millones. Algunos ayuntamientos, como el de Arroyo de la Luz, han llegado a un acuerdo con sus trabajadores en términos parecidos.

La versión oficial de las administraciones que por el momento no devuelven al menos los 44 días es que se podría generar un problema si lo hacen y después el Tribunal Constitucional falla que la supresión de la paga fue legal, ya que en tal caso los trabajadores tendrían que reembolsar ese dinero.

Según datos aportados por el Ayuntamiento de Plasencia, en caso de tener que devolverse la extra los afectados serían 282 trabajadores, 144 de ellos funcionarios y 138 personal laboral, además de algunos jubilados que en 2012 aún estaban trabajando y algún laboral que entonces también era empleado.

Son varias las cuestiones de inconstitucionalidad que se han presentando ante el Tribunal Constitucional desde que entró en vigor la supresión de la extra, una de ellas el pasado mes de febrero por parte del Tribunal Supremo, y otras por administraciones de justicia de diverso rango, entre las que destacan los tribunales superiores de Galicia y el País Vasco. Del mismo modo, hay ya varias sentencias publicas que fallan a favor de los intereses de los trabajadores al no considerar ajustada a derecho la eliminación de la paga que en su día provocó airadas protestas y movilizaciones por parte de los sindicatos de funcionarios. Estas sentencias de juzgados territoriales se refieren a casos concretos de trabajadores que denunciaron por su cuenta y han ganado, pero será el Constitucional el que se pronuncie con una resolución que será de aplicación general para todos los afectados por la medida.