El Gobierno quiere impedir asentamientos de temporeros en la campaña de este año

El asentamiento de ciudadanos rumanos durante la pasada campaña en los aledaños de Santa Marta de los Barros «no puede volver a repetirse», ni otros de menos nivel como el localizado entre Montijo y Puebla de la Calzada en la nave abandonada de Metalrex en los últimos meses.

En este objetivo trabaja la Delegación del Gobierno en Extremadura, Administración que, de la mano de la Junta de Extremadura, pretende entrevistarse el próximo día 28 con las organizaciones empresariales y agrarias de la región a fin de fijar el número de trabajadores extranjeros que podrán acudir a la campaña de recolección de este año.

La delegada del Gobierno, Carmen Pereira, declaró ayer que la Administración quiere llegar a acuerdos con los empresarios. Se trata de evitar, dijo, «un efecto llamada» como el que se pudo generar el año anterior, trasladando a los trabajadores que no se va a contratar a nadie que no esté previsto de antemano.

Con cierto margen

En su opinión, los empresarios deben hacer sus estudios y prever con cierto margen qué número de trabajadores van a necesitar, aunque sea un cálculo aproximado, a fin de realizar todo el proceso de una manera ordenada. Se deberán también habilitar asentamientos decentes, como se hace por ejemplo en la vendimia francesa con los temporeros extranjeros, y que los empresarios tengan una parte muy activa a la hora de proveer a sus trabajadores de este tipo de dotaciones.

Carmen Pereira afirmó que la Administración ayudará, pero que los empresarios tendrán que poner de su parte. La Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura quieren también implicar en este proceso a los ayuntamientos para, dentro de sus competencias, evitar asentamientos irregulares y masivos en sus términos municipales. Hay que tener en cuenta que si hay oferta de empleo sin regularización y cierta dejación a la hora de impedir los campamentos irregulares, la llegada de temporeros será irremediable.