El abogado de Tarazona acusa de dejadez a quienes no denunciaron a su cliente

Si sólo unos pocos denunciaron el fallido concierto de Joaquín Sabina, sólo se ha podido demostrar la venta fraudulenta de esas entradas y por tanto sólo se ha establecido una indemnización mínima. El abogado de Agustín Tarazona defiende a su cliente y a la sentencia que le exime de ir a la cárcel y carga contra quienes, aun estando en su derecho, no denunciaron y ahora reclaman justicia.

El abogado Dionisio Benítez-Cano se ha dirigido a los medios de comunicación para «salir al paso del escarnio público que se está sometiendo a mi cliente y al propio sistema judicial» tras el juicio celebrado esta semana por el fallido concierto de Sabina. Tarazona organizó la actuación en 2006 y vendió 5.500 entradas, pero tras la suspensión no llegó a devolver el dinero. Ahora el juez le condena a indemnizar a 70 personas, a dos años de cárcel (aunque no irá a prisión por carecer de antecedentes) y a cuatro años de tratamiento psiquiátrico por trastorno de personalidad.

El abogado considera la sentencia «ajustada a derecho y consecuente con la prueba obrante», a raíz de las personas que «diligentemente» plantearon denuncia.

«En modo alguno se puede imputar a mi cliente la dejadez, apatía o mal asesoramiento de potenciales afectados que existieran por la compra de las entradas que no hayan reclamado», afirma. A su juicio, «quien quiera una respuesta del sistema judicial, debe inquietar su actividad».

Para el abogado, «si en ese cometido se dejaron mal aconsejar por particulares, organismos y demás entidades públicas o privadas, es una cuestión sobre la que deberán reflexionar». Es más, la falta de denuncias «determina que no se haya podido demostrar ni más número de entradas vendidas, ni más cantidad de dinero recaudado por mi representado que el que consta en los autos».

Cabeza de turco

Dionisio Benítez-Cano muestra también su sorpresa por que «quien ni entonces, ni después a lo largo de tres años de instrucción, se ha personado en actuaciones ni como perjudicado ni como acusación particular, alce ahora su voz enfurecida contra mi defendido y ponga en tela de juicio el sistema que ha ignorado».

El abogado recalca que la sentencia se asienta sobre unas pruebas «totalmente irrefutables» acerca del estado de salud mental de Agustín Tarazona, que ha sido diagnosticado por «psiquiatras, forenses y psicólogos, tanto privados como pertenecientes al sistema sanitario público y judicial».

El letrado incluso considera que la salud mental de su defendido «ha influido no sólo en su forma de actuar, sino también en la forma de cómo terceros han actuado respecto a él, y sobre los cuales, precisamente por este principio probatorio, se ha omitido su intervención en los hechos».

A este respecto, pese a que no entra a valorar la posible participación de terceras personas en los hechos, el abogado afirma que no guarda «duda alguna acerca de la condición de mi representado de cabeza de turco y chivo expiatorio de intereses espurios».