El Residencial Universidad no se derriba

Los vecinos pueden ya dormir tranquilos. Las casas del Residencial Universidad no se tiran. No hace falta derribarlas para restablecer el orden urbanístico, como obligaba una pasada sentencia judicial del año 2003 que declaró ilegal la construcción de esta urbanización de más de 500 viviendas por haber sido levantadas en un terreno protegido. No hace falta porque este residencial ha quedado perfectamente legalizado con la aprobación del nuevo Plan General Municipal (PGM) de Cáceres. Así lo afirma un auto judicial conocido esta mañana por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Cáceres, en el que se ratifica que ese orden urbanístico está ya suficientemente restablecido con la propia entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal (PGM) de Cáceres en marzo de 2010. En el auto de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura se rechaza la petición formulada por la asociación de propietarios de la Montaña, que habían denunciado en su día la construcción de este residencial por considerarse perjudicados, como agravio comparativo, al no haber autorizado el Ayuntamiento una edificación similar en sus terrenos de esa misma zona de la ciudad. La asociación consiguió que los tribunales certificaran que el residencial fue construido ilegalmente por haber sido autorizado de forma indebida ya que el Plan de Urbanismo en vigor entonces declaraba protegidos los terrenos y así lo consideró el TSJ en una sentencia de 2003, posteriormente ratificada por el Tribunal Supremo en 2007. Después, en enero de 2010, los denunciantes pidieron la ejecución de la sentencia, es decir que se derribara el residencial ya que había sido declarado ilegal. Sin embargo, el auto conocido hoy dice que la sentencia está ya ejecutada porque el terreno ha pasado a ser declarado urbano con el nuevo PGM, es decir que el residencial pasa a ser perfectamente legal con el nuevo planeamiento. Los jueces estiman que se produciría un gran perjuicio para el interés general que se ordenara la demolición de unas viviendas que luego podrían volver a ser edificadas ya que el PGM contempla esos terrenos como urbanos. En el auto se reconoce que el derribo sería «contrario a toda lógica». La asociación de propietarios ha presentado recurso de reposición contra el auto.