Reforma ineludible

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, presentó en el Consejo de Ministros de ayer un informe preliminar para la reforma del CGPJ que el Gobierno habría hecho suyo, pero que permite vaticinar una prolongada discusión política y judicial hasta que en marzo de 2013 la renovación del órgano de gobierno de los jueces pueda contar con una nueva norma. La pretensión del ministro Gallardón de limitar las funciones que desempeñe el Consejo General del Poder Judicial a las establecidas en la Constitución -nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario- parece razonable para ajustar aquellas otras que la propia existencia del órgano haya podido generar. Pero más controvertida es la propuesta de que solo el presidente del Consejo desarrolle su labor con carácter exclusivo.

Por una parte, porque la obligada compatibilidad entre las responsabilidades que asumiesen vocales con tareas jurisdiccionales, en su calidad de letrados en ejercicio o en labores académicas, constituiría una fuente incesante de conflictos de interés. Por la otra, porque el desempeño a tiempo parcial de las funciones de vocal del CGPJ afectaría a una rigurosa dedicación a la administración de los recursos que requiere la Justicia sin que ello suponga un ahorro presupuestario significativo. Ruiz-Gallardón quiso ayer dejar abierta la puerta del consenso parlamentario evitando comprometerse con la participación directa de los jueces en la elección de doce de los veinte miembros del Consejo, lo que rebajaría sustancialmente la influencia partidaria sobre la composición de dicho órgano. Pero para que el cambio sugerido fuese pleno sería imprescindible que esa participación decisoria fuese realmente directa y no estuviera mediatizada por asociaciones que no logran representar ni de lejos al conjunto de los jueces, por necesarios y legítimos que sean sus puntos de vista y su actuación. Gallardón tiene ante sí el desafío y la oportunidad de demostrar que a menudo lo mejor se vuelve enemigo de lo bueno. La administración de Justicia requiere un Consejo neutral en términos partidarios y, sobre todo, eficiente en el desarrollo de sus funciones constitucionales.