Una vida al servicio de la Justicia

EL tercero de seis hermanos, Julio Márquez de Prado Pérez nació, el 25 de junio de 1948 en Badajoz, un hecho del que se siente muy orgulloso a pesar de que, como él mismo ha explicado en alguna ocasión, fue de casualidad porque es ochomesino y a su madre el parto le sorprendió en la capital pacense en casa de unos parientes. Vinculado familiarmente a Villanueva de la Serena, donde pasó sus primeros años, estudió también en León y en Córdoba, capitales donde uno de sus tíos estuvo como Gobernador Civil.

Aunque ni su padre ni ninguno de sus hermanos (varios de ellos ingenieros) cursaron estudios vinculados con la judicatura, Julio Márquez de Prado dispuso de más de un antecedente en ese terreno. Por ejemplo, el marido de una tía carnal con el que se crió, que fue magistrado, presidente de la Sala 5ª del Tribunal Supremo y de donde ha reconocido que le viene en parte «la vocación por la carrera judicial»; un primo hermano, Fernando Cotta Márquez de Prado, fallecido en 2009 y que fue director general de Justicia en la etapa ministerial de Landelino Lavilla, en los años setenta, y con posterioridad presidente de la Sala 2ª del Supremo; y también otro primo suyo, magistrado en la Audiencia Provincial de Badajoz, Carlos Carapeto y Márquez de Prado.

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, Julio Márquez de Prado aprueba las oposiciones de juez con 25 años y ocupa su primer destino en Pozoblanco en 1974. De ahí a Zafra, un año en Bilbao, tras ascender a magistrado, y luego Córdoba, donde fue juez decano y magistrado de la Audiencia de Córdoba. De allí pasa a Sevilla, a la sección 1ª y a la Presidencia de la Sección 8ª de su Audiencia Provincial. Ocupando esa responsabilidad, Julio Márquez de Prado fue elegido por primera vez en diciembre de 2003 presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, un cargo en el que sucedía al ahora presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes.

Sin embargo, mucho antes de esa fecha, Márquez de Prado vivió procesos relevantes en la historial judicial de la región. Uno de ellos, cuando tuvo que juzgar y condenar como juez instructor de Zafra a varios concejales de UCD de Los Santos de Maimona que quisieron agredir a Juan Carlos Rodríguez Ibarra durante un mitin en esa localidad. En aquel caso, en el que intervino como fiscal Jorge Sena, a Julio Márquez de Prado no le tembló la mano para dictar una sentencia que se considera ejemplar. Curiosamente, por esas paradojas de la historia, mientras un Márquez de Prado condenaba a unos concejales de UCD_por unos hechos reprobables otro Márquez de Prado, su primo Fernando Cotta, ocupaba entonces la Dirección General de Justicia con un Gobierno precisamente de la Unión de Centro Democrático.

En Zafra le tocó instruir en 1978 otro caso con mucha relevancia pública, el de las intoxicaciones por ingesta de vino con arsénico en la bodega de El Raposo, cerca de Zafra. Un caso con numerosas muertes, cientos de intoxicados y que requirió una veintena de exhumaciones. El mismo presidente del TSJ de Extremadura destacaba en una entrevista publicada en HOY otro caso llamativo en el que fue ponente, el llamado caso Ollero, en el que Manuel Ollero, director general de carreteras de la Junta de Andalucía fue condenado en 1999 por el supuesto pago de comisiones ilegales para la concesión de obras en un tramo de la autovía A-92 en Granada.

Años después su nombre saltó también a los medios de información nacionales cuando el CGPJ le designó para incoar expediente al juez involucrado en el caso Malaya, Francisco Javier Urquía.

La situación que vive estos días la Justicia en España ponen a Márquez de Prado, como presidente de un TSJ, en el foco de la actualidad. ¿Y cómo es realmente este extremeño que se confiesa enamorado de África y un aficionado a la caza? Según un veterano conocedor del ámbito judicial, ante todo «un jurista brillante»; como persona, «extraordinariamente simpático», y en el plano ideológico, «conservador, como buen representante de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM)».

Durante sus años en Andalucía ocupó también la Presidencia de la Sección Occidental de la APM y la Presidencia de Andalucía de esa asociación profesional de jueces. En posesión de las Cruces Distinguidas de 1ª y 2ª clase de San Raimundo de Peñafort, en junio del año pasado recibió en Cáceres la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort que le concedió el Ministerio de Justicia y que vino a imponerle, en una brillante ceremonia, el entonces presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar.

Una ceremonia igual de brillante que la de su toma de posesión, en enero de 2004 de presidente del TSJ extremeño, en la que estuvo apadrinado por nombres tan señeros de la carrera judicial como el ya fallecido Roberto García Calvo, magistrado del Tribunal Constitucional y Augusto Méndez de Lugo y López de Ayala, a la sazón presidente del TSJ de Andalucía.

Siempre cristalino en sus declaraciones públicas, la semana pasada expresó, con motivo del Día de la Constitución, su inquietud ante el problema de las tasas judiciales «desproporcionadas» y criticó la «politización de la justicia», mostrándose favorable a que 12 de los 20 miembros que integran el CGPJ sean elegidos entre jueces y magistrados. Hace justamente cuatro años, en 2008, dijo: «Es una opinión personal, discutible, pero para mí los jueces no deben tener derecho a la huelga, igual que no pueden pertenecer a un sindicato o a un partido político». Así de claro.