Convalidadas las ayudas de 19 millones al arroz y maíz en Extremadura

La Asamblea de Extremadura ha convalidado dos decretos-ley del gobierno extremeño que ponen sobre la mesa 19 millones de euros para ayudar a cultivadores de arroz y maíz de la región, a los que considera los principales afectados por las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania y por la sequía.

Se trata del Decreto-Ley 3/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) a agricultores y pymes en respuesta a las especiales repercusiones de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Y el Decreto-Ley 4/2022, de 31 de agosto, por el que se regulan ayudas temporales excepcionales a titulares de explotaciones agrícolas. Ambos fueron aprobados por el Consejo de Gobierno el día 31 de agosto de 2022, y publicado en el Diario Oficial de Extremadura nº 174, de 9 de septiembre.

Los textos, que han sido expuestos por la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, han recibido el apoyo del grupo mayoritario, el Socialista, así como del Popular y del de Ciudadanos, quienes junto a Unidas por Extremadura, que se ha abstenido, han criticado duramente ambos decretos.

Toda la oposición ha coincidido en que son una «chapuza» y que incluso existe el riesgo de que la Unión Europea reclame a posteriori estas ayudas, así como consideran que son «discriminatorios», al no incluir a otros cultivos que entienden que también se han visto afectados por la guerra y la sequía, como el tomate, el olivar o el viñedo, entre otros.

Con respecto al primero, la consejera ha defendido que la invasión rusa «ha afectado y afecta a productores y supone una amenaza por el aumento más que significativo de los costes de producción». Este decreto se acoge a los fondos habilitados por la Unión Europea, que aporta el 80% de los 12 millones de euros con los que está dotado a través del Feader.

García Bernal ha expuesto que el arroz y el maíz son las producciones más afectadas. En el primero de los casos, se ha pasado de las 21.134 hectáreas en 2021 a 1.989 en 2022. En la zona regable del Canal de Orellana, han desaparecido las 16.000 hectáreas cultivadas el año pasado.

Esta disminución en la superficie de arroz ha afectado a «más de 5.000 explotaciones familiares», ha dicho la consejera, al igual que las empresas dedicadas al procesado de arroz que han cesado su actividad por falta de productos.

Los productores percibirán ayudas de 500 euros por hectárea, con un máximo de 15.000 euros por explotación. Las pymes podrán recibir hasta 100.000 euros.

En cuanto al decreto de la sequía, ha señalado que la Junta viene trabajando desde noviembre de 2021 puesto que la cuenca del Guadiana ya se encontraba en situación de alerta, con solo 475 hectómetros cúbicos almacenados a comienzos de años para unas necesidades de 1.293.

Este decreto, dotado con 7 millones de euros con fondos propios de la administración regional, contempla ayudas de mínimis de entre 300 y 500 euros también para los productores de arroz y maíz para las explotaciones incluidas en la zona declarada de sequía hidrológica en el Guadiana.

La consejera ha justificado la urgencia de ambos decretos ley por la necesidad de que los productores reciban estas ayudas «antes de que acabe de año», pues «el campo necesita medidas y no palabras», ha dicho García Bernal, quien ha concluido recordado que se han establecido ayudas para otros sectores, como los 28 millones abonados al sector ganadero de carne a comienzos de esta semana, entre otras medidas, que suman 50 millones para el sector agrario.

En el turno de fijación de posiciones, el diputado del Grupo Popular Diego Sánchez Duque ha planteado a la Junta que retire los dos decreto y los convierta en un proyecto de ley por la vía de urgencia que permita a los grupos realizar sus aportaciones, con el objetivo de incluir a más sectores del campo afectados por la crisis y la sequía, así como para mejorar el texto de los mismos para evitar que en el futuro, ha advertido, haya que devolver estas ayudas.

Esta petición ha sido reiterada posteriormente por la presidenta del Grupo Parlamentario, Cristina Teniente, tras aprobarse la convalidación de los decretos, pero ha sido rechazada por la mayoría socialista.

Así, Sánchez Duque se ha preguntado qué ocurre con el resto de cultivos, si es que acaso «¿no sufren la sequía y las consecuencias de la guerra?», ha planteado al diputado, quien ha calificado ambos decretos ley de «discriminatorios».

No solo porque no llega a otros cultivos más allá del maíz y el arroz, o a los que practican la rotación del cultivos --solo son beneficiarios los que cultivaron arroz o maíz en 2021-- sino porque deja fuera a «una parte importante» de los agricultores del Canal de Orellana, en concreto un millar, que cultivan 11.000 hectáreas, según los datos aportados, ha especificado, por la organización agraria UPA-UCE, «afín» al PSOE.

Tampoco se podrán acoger a las ayudas los del pantano del Borbollón, en la provincia de Cáceres, que no han podido regar la mitad de sus superficie, unas 4.000 hectáreas.

En la misma línea, el diputado de Ciudadanos Fernando Baselga ha dicho que el decreto de ayudas por la guerra es una «auténtica chapuza», puesto que el reglamento europeo al que se acoge «no habla en ningún punto de la sequía» y, por tanto, «no coincide ni con espíritu ni con la norma».

Esto es algo de lo cual «Europa se va a dar cuenta», ha asegurado, por lo que duda de que se pueda acoger a estos fondos. «A ver si no les pide (Bruselas) que las devuelva», ha exclamado.

También considera que discriminan al 80% de los agricultores, es decir, a los que no han sembrado arroz y maíz, si bien ha avanzado que votaría a favor de estas ayudas porque «más vale pájaro en mano que ciento volando», si bien ha advertido que «si luego hay que devolver el dinero será su culpa, por hacer las cosas a tontas y a locas».

A su vez, la portavoz del grupo de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha dicho que el decreto de la sequía es «una chapuza porque no atiende a los problemas globales del sector primario», y además «ninguneado» a otros cultivos que también han sufrido restricciones hídricas, como el tomate y otras hortícolas, así como a todos los agricultores que, por rotación, en 2021 dejaron sus tierras en barbecho o cultivaron tomate.

Asimismo, ha criticado que las explotaciones que reciben más dinero por hectáreas sean las más grandes. «Esto me lo tienen que explicar con papel y boli», ha dicho De Miguel, quien ha reprochado a la consejera que «luego dicen que favorecen a la agricultura familiar.

Con respecto al decreto de la guerra de Ucrania, ha dicho que es un «pufo» y que espera que la UE «no se entere de la trampa» para no tener que devolver el dinero, puesto que «los únicos beneficiados son los que no han cultivado, es decir, los que no han tenido gasto de nada». «Me quedo sin palabras».

Finalmente, el diputado socialista Eduardo Béjar ha defendido ambos decretos con los que el gobierno regional ha tenido que «priorizar» los fondos, destinando las ayudas a los cultivadores «más afectados», al tiempo que ha recordado que ya se han aprobado ayudas a otros sectores.

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