La Comisión Europea vuelve a pedir que Confederación reevalúe el regadío de Tierra de Barros

La Administración competente en este asunto por parte de España, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, del Ministerio para la Transición Ecológica, trasladó hace tiempo, con su participación en la Declaración de Impacto y en la reserva hídrica aprobada de 44 hm3 al año de dos embalses, que el proyecto es compatible con el plan de cuenca y no es susceptible de afectar significativamente a las masas de agua. Por contra, Medio Ambiente de la CE, considera que debe hacer un análisis y debe incluirse en el plan. Y es lo que vuelve a reiterar en la nueva carta ahora recibida por el Gobierno extremeño y de la que ha informado el consejero de Gestión Forestal y Medio Rural, Ignacio Higuero. Esta carta es interpretada por parte del Ejecutivo extremeño asumiendo la tesis de Medio Ambiente y por eso la Junta le pide, también con otra carta, al Ministerio que el proyecto de regadío lo incluya en el plan hidrológico de cuenca como tal.

«Sí, es cierto, que ese plan se incluye ya una reserva de 44 hm3 (al año) para el proyecto de Tierra de Barros pero dicha comunicación (la última carta de Medio Ambiente) viene a decir que es obligatorio para el Estado miembro incluir en el Plan Hidrológico del Guadiana el impacto del proyecto de Tierra de Barros sobre la masa de agua», ha esbozado Higuero. «Si ello no podremos comenzar las obras», ha rematado.

La última carta de la Dirección General de Medio Ambiente, en realidad, es una respuesta de la CE a otro escrito mandado por la Junta tras la carta del 5 de febrero. Está firmada por Verónica Manfredi, directora de Medio Ambiente. Dice Manfredi que el Gobierno extremeño le ha consultado si la inclusión del proyecto de regadío de Tierra de Barros en el plan hidrológico del Guadiana es una «condición previa para una posible financiación» a cargo de los fondos Feader.

«La obligación de inclusión en el plan sólo se aplica a nuevas modificaciones/proyectos que hayan sido evaluados que tengan el efecto de deteriorar el estado de una o más masas de agua afectadas o impidan que dichas masas de agua alcancen un buen estado (artículo 4.7b de la Directiva Marco del Agua) (...). Las autoridades españolas han concluido que no habrá deterioro y no han considerado oportuno invocar el artículo 4.7», expresa Verónica Manfredi.

Añade, no obstante, a juicio de la Dirección General de Medio Ambiente los Estados «están obligados a incluir en los planes hidrológicos de cuenca un resumen de las presiones e impactos significativos resultantes de la actividad humana en el estado de las masas de agua superficiales y subterráneas, incluido un análisis de todos los impactos de la actividad humana en el estado del agua. Por ello, la presión del incremento en las extracciones que emanaría del proyecto debe ser incluido en el plan como parte de la caracterización de las masas de agua relevantes».

«Como no está incluido, hemos solicitado urgentemente por carta a la ministra Ribera que lo incluya y que nos asegure así que podemos usar los fondos europeos», ha dicho Ignacio Higuero. El consejero de Gestión Forestal ha añadido a continuación que Ribera «no es amiga de los nuevos regadíos» mientras ha remarcado que el Gobierno debe responder urgentemente «para que podamos empezar las obras del regadío cuanto antes».

Esta carta de la CE, de su departamento de Medio Ambiente, no difiere en lo sustancial de lo contado por HOY respecto a su escrito de inicios de este mes de febrero. Entonces Medio Ambiente decía a la Junta: «No basta para demostrar que el proyecto no provocará en la práctica un mayor deterioro del estado de todas las masas de agua afectadas. Si no puede evitarse un deterioro, la Directiva marco del agua exige que se cumplan todas las condiciones del apartado 7 del artículo 4 y que ello se justifique en el plan hidrológico de cuenca correspondiente».

Por cierto, en la carta que ha mandado la Junta la ministra para la Transición Ecológica el Gobierno regional confirma lo publicado por este diario en enero pasado, cuando se informó que la Junta tenía de plazo hasta el año próximo para ejecutar 173 millones en el regadío de Tierra de Barros si no se arriesgaba a perder su financiación. Algo que, de hecho, va a ser así, la pérdida de fondos, porque a estas alturas y sin saber siquiera si se comenzarán las obras, sería imposible que estuvieran ejecutadas en gran parte al menos de aquí al próximo año.

«La participación del fondo europeo está condicionado a una regla de gasto, por lo que solo es elegida ese gasto hasta final de 2025. Ante esta emergencia y previendo una posible pérdida de fondos, pedimos que se acometa de inmediato la inclusión de las obligaciones del Estado requeridas por la Dirección General de Medio Ambiente en el Plan Hidrológico del Guadiana y asegurar así los fondos necesarios para la financiación de este proyecto de regadío», finaliza la carta de la Junta a Transición Ecológica.