Bienestar animal, malestar ganadero

Ahora, en una muestra de unidad muy significativa, catorce organizaciones ganaderas han levantado la voz para instar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a que España rechace el nuevo Reglamento Europeo relativo al transporte de animales. Se trata de Anice, Anprogapor, Apromar, Asaja, Aseprhu, Asoprovac, Avianza, Cesfac, COAG, Cooperativas agroalimentarias de España, Federovo, Intercun, UPA y Veteindustria. Una posición que no es un capricho ni una resistencia al cambio, sino una defensa de la sostenibilidad económica y también del mismo bienestar animal; incluso, dicen algunos, del patrimonio cultural y gastronómico de España, aunque eso ya es rizar el rizo.

El nuevo reglamento busca reformar las normas de transporte de animales, con el objetivo de mejorar su bienestar durante el traslado, estableciendo límites más estrictos en la duración y las condiciones del transporte de animales vivos. Esto incluye la prohibición de transportar animales durante largos períodos sin descanso adecuado, limitación de temperaturas y, por supuesto, el acceso a agua y alimento. Sin embargo, las organizaciones ganaderas argumentan que la propuesta carece de una base científica sólida y no garantiza una mejora real en las condiciones de los animales comparado con la situación actual. Las preocupaciones son múltiples y van más allá del bienestar animal. Se teme que el reglamento podría beneficiar desproporcionadamente a los países con una posición geográfica privilegiada para el comercio de animales, dejando en desventaja competitiva a los países periféricos y a las regiones insulares. Esto no solo afectaría a los productores, sino también a los consumidores, quienes podrían ver incrementados los precios.

Por otro lado, supondría una pérdida de competitividad de nuestro sector ganadero. Además de tener un importante impacto económico, pondría afectar a muchas áreas rurales, especialmente en territorios desfavorecidos y despoblados donde la ganadería es parte esencial de su desarrollo socioeconómico.

Las organizaciones proponen, en cambio, trabajar para mejorar la implementación del actual marco legislativo, considerado el más exigente del mundo en materia de bienestar animal. Algo que permitiría seguir aumentando el bienestar de los animales sin comprometer la sostenibilidad de la industria ganadera.

El problema en España es que tenemos un gobierno tremendamente dividido en estas cuestiones. Mientras que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación es muy sensible a este asunto y entiende, e incluso comparte en su mayoría la posición del sector, otros como el de transición ecológica está permanente poniendo palos en las ruedas al sector, siendo todavía más restrictivos que las ya de por sí muy exigentes normas europeas. Una estrategia desbocada en la que se pone primero a los animales que a las personas, llevando las medidas de mejora del bienestar a un límite casi caricaturesco .

Es crucial entender que el bienestar animal y la sostenibilidad económica no son objetivos mutuamente excluyentes. Por el contrario, pueden y deben ser complementarios. Una regulación bien fundamentada y adaptada a la realidad de cada región es esencial para lograr un equilibrio entre estos dos aspectos.