Hacia un comercio justo y solidario

En términos de políticas gubernamentales, ciudades como Madrid y Barcelona se han declarado Ciudades por el Comercio Justo, comprometiéndose a promover estos productos a través de la contratación pública y la educación. Esta declaración no solo impulsa la conciencia sobre el comercio justo, sino que también establece un modelo a seguir para otras ciudades y municipios.

Organizaciones como la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) han trabajado de forma intensa para promover prácticas comerciales éticas en nuestro país, potenciando con éxito su crecimiento, aunque en valor absoluto todavía poco significativo.

El sector agroalimentario español ha sentido su impacto. Los productos agrícolas de este modelo han encontrado un mercado receptivo en España. En 2023, el consumo per cápita de productos con sello de comercio justo, Fairtrade, superó por primera vez los 145 millones de euros, un 4,8% más que en 2022. Aunque estos números son alentadores, España aún está lejos de otros países europeos donde el consumo amparado por este sello puede alcanzar los 16 euros, frente a los 3 euros que se gastan en nuestro país. España lleva años de retraso en comparación con otros países europeos en términos de consumo per cápita de productos de comercio justo. Este retraso se atribuye más a la oferta que a la demanda. Mientras que la demanda de productos sostenibles y éticos está aumentando, especialmente entre las nuevas generaciones, la oferta de estos productos en los supermercados y otras cadenas de distribución aún es limitada.

El cacao continúa siendo el producto con mayor penetración en España, representando el 71% del total de las ventas con el sello Fairtrade en 2023. Otros productos son el café, el azúcar y el té. Este aumento en la diversidad muestra un compromiso creciente tanto de los productores como de los consumidores hacia prácticas comerciales más equitativas que, en todo caso, no son una amenaza para nuestro sector primario, dada su baja representatividad. Por otro lado, son cultivos ajenos a nuestro sector primario, salvo el azúcar, donde también las diferencias son sustanciales, siendo el nuestro una producción cien por cien remolachera, frente a la caña de azúcar, materia prima de estas importaciones.

Para superar estos desafíos, es crucial que tanto las empresas como los gobiernos adopten una postura más proactiva. Las empresas pueden incrementar su compromiso con prácticas comerciales éticas, aumentando la oferta de productos de comercio justo en sus lineales. Los gobiernos pueden apoyar estas iniciativas mediante políticas que fomenten el comercio justo, así como a través de la contratación pública de productos certificados.

El comercio justo no solo beneficia a los productores en países en desarrollo, sino que también tiene un impacto positivo en el medio ambiente y las comunidades locales, contribuyendo a su estabilidad económica y social. Además, muchos productos de comercio justo también cumplen con estándares ambientales que promueven prácticas agrícolas sostenibles, reduciendo así el impacto negativo en el medio ambiente.

En definitiva, es una vía hacia un futuro más justo y sostenible. Sería positivo que se potencie el apoyo a un modelo comercial que no perjudica a nuestros productores, ayuda a las comunidades rurales de países en vías de desarrollo y potencia un valor del que no siempre andamos sobrados: la solidaridad.