Más papistas que el papa

En este contexto, la Federación de Envases e Industrias Alimentarias (FIAB) ha presentado las conclusiones de un informe sobre el impacto y consecuencias de este real decreto y ha hecho un llamamiento al diálogo sobre el mismo, aunque con la línea ultraecológica marcada por este ministerio y su empeño en ser más papista que el papa, parece que tienen pocas probabilidades de éxito.

En primer lugar, esta norma surge en un contexto en el que España cumple con todos los objetivos de gestión de envases establecidos por la Unión Europea (UE), y tiene unas tasas de reciclado por encima de las requeridas. Unos niveles exigentes, como casi todo lo que se regula en la UE, para la protección de nuestro medio ambiente y de nuestra salud. Dicho de paso, en muchos casos muy alejado de lo establecido por la evidencia científica. A esto ya estamos acostumbrados, aunque nos haga perder competitividad con respecto a otros espacios económicos. A lo que no estamos tan habituados es a que sea luego el propio Estado quien aprieta todavía más las clavijas a un motor de la economía, especialmente en un momento como el actual, con una inflación y un IPC disparados.

La aplicación de este nuevo paquete legislativo en sus términos actuales tendría un impacto muy negativo, tanto para las empresas como para los ciudadanos, con el encarecimiento de la cesta de la compra. Según los resultados del informe conllevaría la desaparición de 25.000 puesto de trabajo. También supondría el cierre de 2.400 empresas, más del 7% del total de la industria. Principalmente serían pymes ubicadas en el medio rural, lo que también iría en contra de la estrategia nacional de recuperación de la llamada España Vaciada.

Por poner un ejemplo muy relevante, un objetivo de esta normativa que no está planteado a nivel europeo, es la reducción de un 50% en la utilización de botellas de plástico de un solo uso. Y si la UE no ha impuesto este objetivo es porque iría en contra de una política de sostenibilidad, que no es otra cosa que conseguir un equilibrio entre el impacto medioambiental, económico y social. En este caso, el beneficio medioambiental no compensa ni de lejos el perjuicio económico y social, más aún cuando hay otras alternativas contrastadas, como seguir avanzando en la mejora de materiales, el PET reciclado, el ecodiseño y la mejora en las tasas de reciclaje de los mismos, entre otros. Al final, el cambio de una material tan versátil y económico como el plástico, va a suponer un encarecimiento de los productos, en particular de los alimentos y bebidas.

Este y otros gobiernos no deberían tomar medidas desestabilizadoras, sino desarrollar un marco legislativo que incentive a los sectores para continuar con su mejora en el plano ambiental. La cadena alimentaria ya ha demostrado con creces que va por delante de las exigencias europeas y que sabe cómo avanzar en la sostenibilidad sin perder competitividad.