![El campo le pide al nuevo año menos burocracia y más ayudas](https://s1.ppllstatics.com/hoy/www/multimedia/2024/01/05/187141929--1200x840.jpg)
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Un año muy complicado el que cierra el campo extremeño. La persistente sequía ha afectado a las explotaciones agrarias, que han visto incrementados sus costes de producción, al mismo tiempo que se han visto golpeadas por enfermedades, como la hemorrágica epizoótica (EHE) que ha lastrado ... la rentabilidad de las ganaderías de vacuno. «Un año nefasto», resumen desde APAG y Asaja el recién concluido ejercicio.
Las dificultades para obtener beneficios ha llevado a muchos agricultores y ganaderos a buscar financiación. «Se han visto inmersos en una tormenta perfecta de vicisitudes que han provocado una grave crisis en el sector, obligando a muchos profesionales a endeudarse hasta el límite de sus posibilidades, en algunos casos, y hasta el abandono de la actividad, en otros», lamentan en COAG. Esta Coodinadora Agraria sitúa a los apicultores, los cerealistas y los viticultores como los grandes perdedores del campo extremeño en 2023.
A la climatología, que también trajo inoportunas lluvias torrenciales, se sumó este pasado año la aplicación de la nueva PAC (Política Agraria Común), que no ha sido bien recibida por las organizaciones agrarias. «No ataja el proceso de 'uberización' del campo», advierten los responsables de COAG.
Además, en opinión de los representantes de los empresarios del sector primario, la reforma de la PAC va a incrementar el trabajo administrativo para agricultores y ganaderos. «Ha introducido nueva burocracia y complejidad en la gestión del campo», critican desde UPA.
Por ello, una de las principales demandas que realiza el sector agrario extremeño de cara al recién estrenado año es reducir la carga burocrática a la que se enfrentan en las explotaciones. «Mayor flexibilización y simplificación de la PAC, modificando los eco-regímenes», pide UPA, a la vez que consideran necesario mejorar la gestión de las solicitudes.
Una reclamación a la que se suman APAG y Asaja, que también solicitan que se reduzcan las exigencias medioambientales a las que se tienen que someter los trabajos en el campo.
En busca de la rentabilidad que este año se les ha negado, el sector primario coincide a la hora de exigir un impulso para la ley de la cadena alimentaria: «Que se aplique en toda su dimensión», piden desde COAG; «un mayor control de la ley por parte de las comunidades autónomas», aportan en UPA.
Incrementar los precios que se pagan en origen es una prioridad para los dueños de las explotaciones, que señalan que el cambio climático está lastrando la productividad de muchos cultivos y que deben acometer fuertes inversiones para seguir produciendo en las mismas cantidades.
Así, una de las reivindicaciones es apostar por la investigación que sirva para desarrollar variedades de semillas y cultivos que sean más resistentes a las nuevas condiciones climáticas.
En esa misma dirección, el sector incluye la modificación de los seguros agrarios de forma que respondan a la realidad actual y ofrezcan una verdadera cobertura ante los siniestros.
Igualmente, los representantes del campo defienden que se prohíban las importaciones de alimentos que se producen en terceros países sin cumplir las normas europeas. En 2023, el RASFF (Sistema de Alerta Rápido de Alimentos y Comida) ha notificado 913 alertas por pesticidas en productos agroalimentarios, señala COAG. Por su parte, APAG y Asaja abogan por romper relaciones comerciales con aquellos países que introducen en territorio europeo productos alimentarios sin la trazabilidad legal que exige Europa.
A la Consejería de Agricultura le reclaman agilidad en el pago de las ayudas. «Que pague todos los expedientes pendientes de cobro; queremos menos anuncios mediáticos y más pagos efectivos y reales. No puede ser que haya expedientes de pagos pendientes de tres y cuatro años», reclama APAG, organización que hace especial hincapié en las ayudas de la enfermedad hemorrágica epizoótica para que lleguen a todos los ganaderos.
Desde La Unión llevan meses manifestando que los siete millones de euros presupuestados son insuficientes para paliar las pérdidas económicas que ha ocasionado esta enfermedad en el sector ganadero.
De la misma forma, las organizaciones agrarias ven positivo desarrollar una ley de agricultura familiar. PSOE y Sumar se comprometieron a hacerlo dentro de su pacto de Gobierno de coalición, por lo que esperan que se avance en el presente año. La idea es que la ley sirva para mitigar uno de los principales problemas que tiene el sector: el relevo generacional.
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