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En España, se produce cava autorizado en Cataluña, Requena (Valencia), algunas zonas de Ribera del Duero y Rioja y en Almendralejo. El Consejo Regulador del Cava está controlado por los productores catalanes, que tienen más poder por disponer de más hectáreas reconocidas: de las 36.000 hectáreas autorizadas, 29.000 están en Cataluña, 4.000 en Requena, 1.400 en Almendralejo y las otras 1.600 se reparten entre Ribera y Rioja. Ese poder catalán ha llevado al Consejo Regulador a pedir al Ministerio de Agricultura que limite el incremento de la superficie de viñedo dedicada a la elaboración de cava. Y el Ministerio ha accedido. La sospecha inmediata es que lo ha hecho para no irritar a Cataluña, contentando a las grandes bodegas que han manifestado su «españolismo». El problema es que las previsiones de crecimiento de las plantaciones de viñedos para cava en Almendralejo o Requena no se iban a hacer a raíz del boicot al cava catalán, algo coyuntural que no garantiza nada a medio plazo, sino pensando en la exportación: el cava de Extremadura, Castilla, Rioja y Valencia ha conseguido abrir mercados internacionales y su crecimiento depende fundamentalmente de las ventas a otros países. El 'procés' y sus derivaciones comerciales poco juego van a dar en el tema del cava porque los bodegueros trabajan con previsiones a año y medio. La producción de este año está distribuida y prácticamente vendida. Lo importante es el futuro y la exportación, algo que no quieren entender en un Ministerio que parece borracho de 'procés'.
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