La Junta rechaza intervenir Acorex, como reclama la dirección del grupo

. La crisis que atraviesa la principal empresa agroalimentaria de Extremadura escribe un nuevo capítulo. Ayer por la mañana, la dirección del grupo Acorex, tras una asamblea con cooperativas en la que apenas estuvieron representadas algo más de la mitad (23 sobre 39), asumió que para acabar «con la desconfianza» actual lo mejor era que la Junta interviniese la empresa. Era el mensaje que prácticamente a la misma hora transmitía Pedro Escobar, coordinador regional de IU, en rueda de prensa. Por la tarde, solo hora y media después de que se registrara esa demanda en Presidencia, la Junta dijo no. La rechaza porque impide el pago a agricultores, trabajadores y proveedores, asevera. Lo que hace falta, agregó el Ejecutivo regional, es que «se agilicen las negociaciones abiertas». Tras este nuevo frustrado capítulo toma fuerza la opción de que Acorex solicite un preconcurso de acreedores.

Precisamente el hasta ahora fracaso de esas negociaciones no se ha pactado un plan de viabilidad, ni mucho menos se atisba que las tres grandes cooperativas que han pedido su baja puedan regresar es lo que aduce la cúpula de Acorex, apoyada en este caso por IU, para demandar que la Junta de Extremadura entre en el gobierno de Acorex.

«La intervención es lo contrario a la independencia que proclamamos todos entonces», justificó el Ejecutivo de Monago. Se refiere a que tanto el actual consejo rector como los partidos políticos han apostado por una Acorex con 42 cooperativas; esto es, con el regreso de San Isidro de Miajadas, Amalia de Sajonia de Santa Amalia y Campiña Sur de Granja de Torrehermosa.

La semana pasada, del encuentro que mantuvo la dirección de Acorex con presidentes y gerentes, ya se avanzó en la previsible solicitud de que la Junta interviniese. Como informó HOY el sábado, la Ley de Cooperativas de Extremadura lo permite aunque ya entonces este periódico adelantó que el Ejecutivo no la contemplaba por sus complicaciones jurídicas y técnicas.

«Ni me sorprende que diga que no ni me decepciona. Es una propuesta que salió ayer de la asamblea y que registramos, pero no se cierra en absoluto la puerta a la opción mejor, que es la negociación con las tres cooperativas para que vuelvan», indicó ayer a HOY el presidente de Acorex, Manuel Ortega.

Asegurar pagos y política

Ortega admitió que en la asamblea de ayer tampoco se habló al detalle de lo que significa, o hubiera significado mejor dicho, una intervención de Acorex por parte de la Junta. «No se pide para que ponga dinero. Los socios que la defienden dicen que si la Junta interviniera sería para gestionar el grupo y que estando ella al frente se ganaría en seguridad a la hora de pagar y cobrar», indicó vagamente.

La Junta justificó su negativa a hacerlo justamente en lo contrario. Su aterrizaje en Acorex impediría el pago a los agricultores, trabajadores y socios, comentó en nota de prensa. «No tiene ningún sentido que la Administración tome las riendas de una empresa como Acorex. La intervención significa el fin de Acorex», dijo el Gobierno regional, para quien es imprescindible un grupo con 42 sociedades «para el mantenimiento de los puestos de trabajo, el cobro de las cosechas, de las nóminas a los trabajadores y de las facturas que se deben a los más de 500 pequeños proveedores».

En el plan de viabilidad que maneja el grupo, y que en teoría se debería someter a votación de los socios en la asamblea extraordinaria prevista para este jueves, se refleja que tiene 32 millones de deuda a bancos y a la Junta y necesita 14,5 millones para pagar a agricultores, acreedores y trabajadores.

Manuel Ortega se entrevistó la semana pasada con el coordinador regional de IU, Pedro Escobar. Ayer, cuando la asamblea del grupo hablaba de pedir la intervención de la Junta, Escobar convocaba rueda de prensa para lo mismo. No solo eso. Quiso rebatir el papel que ha tenido IU en esta legislatura con su implicación en Acorex, a través de su diputado Alejandro Nogales y el propio Escobar, diciendo que PP y PSOE hacen uso de la empresa agroalimentaria como «bomba electoral que se lanzan uno contra otro y de la que IU recibe alguna metralla».

Escobar criticó también el modelo seguido en Acorex hasta 2012, cuando se produjeron los cambios en la dirección (hasta tres presidentes y dos directores generales en cuyo nombramiento influyó la propia coalición). «Hay un mito sobre Acorex y una realidad. El mito es la cooperativa modelo, el ejemplo a seguir, y la realidad es que ha funcionado como una estructura empresarial sobre una base social cooperativa», añadió el dirigente izquierdista. Antes del estallido de su gran crisis en 2012, el grupo llegó a facturar 245 millones y fue el cuarto agroalimentario más importante del país.

Pero la realidad de ahora es muy distinta. Sus posibilidades de supervivencia se agotan. «No pierdo la esperanza. Creo que hay avances con las tres grandes y el resto de las cooperativas ven con buenos ojos las negociaciones porque se les ha explicado bien los detalles y no es como entendieron la semana pasada», dice Ortega. La semana pasada, la cooperativa La Encina de Campanario aprobó pedir la baja de Acorex si se aceptan las condiciones de las tres grandes para regresar.

En medio de este panorama, la opción de un solicitar un preconcurso de acreedores gana adeptos entre los cooperativistas. «No digo que no se produzca pero ese no es nuestro objetivo», finalizó Ortega.

El preconcurso sirve para ganar tiempo y poder salvar una empresa evitando solicitar el concurso de acreedores (siempre que se pueda superar el estado de insolvencia). También es un freno frente a los acreedores concursales ya que durante el periodo que dura el preconcurso (90 días) no se podrá instar el concurso.