Santiago Mapica, veterinario: «Tenemos muy buenos mataderos. Recibimos muchas inspecciones para exportar»

«En esa década desde Europa se nos dijo que todos los mataderos debían estar homologados con las nuevas directrices aprobadas por la propia Comisión. Eso, de forma práctica, hizo que la inmensa mayoría de las instalaciones no estuvieran preparadas para seguir funcionando y o bien se reciclaban y acometían inversiones costosas para ello y bien se cerraban. Esto último es lo que pasó en buena medida», aclara Malpica.

De alguna forma, para evitar el cierre masivo de mataderos se apostó también por situar uno o dos grandes en cada comarca extremeña pero «eso tampoco funcionó porque al final una instalación de este tipo tiene su coste y solo se consigue sacar adelante, desde el punto de vista económico, sacrificando mucho, es decir, con mucho volumen y eso tampoco ocurría aquí».

Especialmente llamativo fue que la inmensa mayoría de las instalaciones de sacrificio animal que cerraron pertenecía a los ayuntamientos. Eran mataderos públicos. «Y los ayuntamientos no podían soportar ese gasto y más con una normativa que iba cambiando cada cierto tiempo», avanza el subdirector de Seguridad Alimentaria del SES. Unos cambios que han introducido, habitualmente, más exigencias técnico-sanitarias para el funcionamiento de mataderos.

La última, por ejemplo, la de instalar cámaras de videovigilancia. Un requisito incluido dentro de la ley de bienestar animal que persigue acabar con posibles malas prácticas en los mataderos cuando los animales llegan a los mismos. De forma concreta, según el Ministerio de Consumo, el objetivo de esos sistemas de videovigilancia es garantizar el «bienestar animal durante la descarga, el traslado, la estabulación y el aturdimiento de los animales, y mejorar las garantías de seguridad alimentaria para los consumidores».

«No es lo mismo instalar un sistema de videovigilancia para una gran empresa que sacrifica que para una pequeña. Por eso, una vez que se nos exige eso, desde Extremadura propusimos y se nos ha aceptado dar dos años de margen a las pequeñas empresas para esa instalación de cámaras», apunta Santiago Malpica en declaraciones a HOY.

En España existen cerca de 700 mataderos que tendrán un año para colocar sistemas de videovigilancia si son grandes; o dos años, en el caso de las pequeñas instalaciones, tras haber sido aceptada la petición de la Junta de Extremadura en este sentido.

Con todo, Santiago Malpica hace un análisis muy positivo de cómo son los mataderos que funcionan en activo. Señala que son de los mejores del país no solo por cumplir con la normativa vigente sino porque muchos están adaptados a las exigencias que se requieren para que los animales que en ellos se sacrifican puedan salir a exportación.

«En ellos se realizan frecuentes auditorías por parte de técnicos de otros países. Llegan a Extremadura para ver si los mataderos y las empresas que los gestionan cumplen con la normativa más estricta para poder llevar a sus países las carnes. El examen es muy duro», finaliza Malpica.