Nueva disputa por el estatus legal del lobo

El pasado 4 de febrero, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y de la Biodiversidad propuso incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) –por lo que ya no será especie cinegética–, un movimiento esencial para comprender la actual disputa entre varias regiones y el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Lo que un principio se dibujó como una maniobra para, según el Comité Científico encargado de la recomendación, proteger su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la presencia de esta especie en los ecosistemas naturales, se ha convertido ahora en un cara a cara entre asociaciones ecologistas y animalistas, oenegés y el sector ganadero. Y también entre las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria –que cuentan con la mayoría de ejemplares que existen en España– y el Ministerio.

Por ello, en la reunión telemática realizada ayer entre los consejeros de estas cuatro regiones y la ministra Ribera, los representantes de la posición que avala no incluir al lobo como especie vulnerable pidieron un «mayor diálogo»; aunque, de no haberlo, regiones como Cantabria aseguran que recurrirán a la justicia para proteger a los ganaderos.

Según los consejeros, la propuesta del Ministerio supone un «gravísimo error» basado en el «desconocimiento» y el «desprecio» hacia la realidad cotidiana del lobo en aquellos territorios que tienen que asumir el coste económico y social de una gestión que siempre busca el «complejo equilibrio» entre la conservación de una especie y la reducción de los daños que ocasiona.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado en declaraciones posteriores que el lobo «ya está suficientemente protegido» en el plan de gestión de su región. «Si le anulan, los ganaderos de las zonas con lobo van a tener muchos problemas para mantener la ya comprometida viabilidad de sus explotaciones y el lobo, y nuestro medio natural en general, va a sufrir la reaparición de prácticas ilegales, como el furtivismo o el envenenamiento».

Como los otros consejeros, no entiende que el Ministerio quiera «echar por tierra el trabajo realizado por las comunidades 'loberas' durante tantos años».

Asimismo, Guillermo Blanco, consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, cree que «se va a abrir un espacio y tiempo de diálogo entre el Ministerio y las comunidades autónomas» y está «expectante a que dicho diálogo conforme un nuevo plan estratégico sobre el lobo», mientras que «no se tomen decisiones o que se publique de improviso la inclusión del lobo en el LESPRE».

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, por su parte, ha pedido a las cuatro regiones que identifiquen los problemas que genera el nuevo estatus del lobo para contribuir a buscar soluciones. Según ella, «los ganaderos no pueden sostener sobre sus espaldas los costes de un patrimonio natural común, que en este caso es el lobo, por lo que es necesario dotar al sector de recursos suficientes y de un marco de seguridad jurídica, que solo podemos conseguir con una estructura equiparable en todas las comunidades autónomas».

De hecho, desde el Ministerio entienden que la homogeneización del estatus legal de estos ejemplares en toda España «puede contribuir a superar muchos de los problemas que actualmente aquejan a la conservación y gestión de la especie, especialmente por la disparidad en los modelos de gestión desde las diferentes comunidades autónomas, la alta incidencia de daños y la conflictividad que existe en torno a la gestión de esta especie».