Junta y Gobierno acuerdan pagar a medias una multa de 15 millones de la UE

Final para un largo proceso que podía haber sido tremendamente gravoso para las arcas públicas extremeñas y que finaliza con un impacto mucho más aceptable. El litigio por la multa impuesta por la Unión Europea (UE) sobre el aprovechamiento de pastos, singularemente en espacios únicos como la dehesa en Extremadura, acaba con un sanción final para la Junta de 7,4 millones. Una cantidad alta pero muy alejada de los casi 80 millones con los que se inició el procedimiento.

En diciembre de 2016 HOY adelantó que Extremadura se enfrentaba a una multa de 79,4 millones de euros relacionadas por las ayudas que la UE concede a los pastos que sirven de alimento al ganado. Se correspondían a las campañas de la PAC de 2010, 2011, 2012 y 2013. La región, con 1,4 millones de hectáreas, cuenta con la mayor superficie de España en este apartado. Estas ayudas las cobran los ganaderos y se conceden en función de la superficie de pastos que tiene cada uno. El problema vino porque el Gobierno regional y Bruselas mantenían diferencias sobre cómo se calcula esa superficie. La UE consideraba que la porción de terreno que se encuentra debajo de cada árbol (en la vertical de la copa) no puede ser considerada como pastos. Por lo tanto, calculó que la extensión que tiene derecho a ayudas es inferior a la que se ha pagado y reclamó la devolución de la diferencia.

Bruselas impuso la multa a España como Estado miembro, pero el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy la derivó a las comunidades autónomas: 79 millones para Extremadura; 50 aproximadamente a Andalucía, o 60 a Castilla y León. Para la Comisión Europea, España no contabilizó bien entre 2007 y 2014 lo que era propiamente dehesa y lo que eran pastos con la aplicación del llamado Coeficiente de Admisibilidad de Pastos que, en la práctica, reduce las superficies declaradas como pastos.

El Ejecutivo de Fernández Vara inició, entonces, un pleito para evitar pagar esos casi 80 millones mientras impulsaba un cambio en los reglamentos comunitarios para dejar claro a Bruselas la singularidad de los aprovechamientos ganaderos de los pastos en la dehesa. La Junta, en cambio, admitió pagar 10 millones por una sanción inicial de 20 por el mismo concepto correspondiente a los años 2007 y 2008, tras agotar la vía judicial pero mantuvo el conflicto jurídico respecto a la multa de 79,4 millones.

Después de conseguir varias rebajas tras una sentencia del Tribunal General de la UE, la Administración extremeña se encontró en noviembre pasado con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de pedir a la Junta de Extremadura que pagara finalmente 14,942 millones que, según la UE, los ganaderos cobraron indebidamente a cargo del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). A esta cantidad había que añadirle los intereses compensatorios correspondientes. El Gobierno también instaba a Extremadura a pagar la deuda en el plazo de dos meses, en cuyo caso contrario se aplicarían también intereses de demora, que ascienden al 3,75% del total.

La Junta rechazó esa reclamación del Ejecutivo central y estudió la posibilidad de seguir pleiteando. Finalmente ha pactado que el Gobierno asuma la mitad de esos casi 15 millones y el Gobierno autonómico la otra mitad, esto es, 7.535.078,78 euros. Extremadura la pagará en dos plazos, en este año y en el siguiente y sin tener que afrontar el pago de intereses de demora.

La Consejería de Agricultura ha considerado no seguir la vía judicial para reducir todavía más esa cantidad porque ya había dos sentencias del Tribunal Supremo del año pasado, dos precedentes jurídicos, en la que se señalaba que esas multas tenían que abonarlas a partes iguales entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.