«Innegociable»: o retiran la intención de declarar al lobo especie protegida o habrá presiones

Asaja, COAG y UPA han amenazado con medidas de presión si el Ministerio de Transición Ecológica no retira la Orden Ministerial con la que se pretende declarar al lobo como especie protegida. En un comunicado conjunto, las tres organizaciones agrarias afirman que así se lo harán saber a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, en su próxima reunión, que se realizará el próximo martes 23 de febrero.

La intención de incluir al lobo en en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) –con lo que dejaría de ser especie cinegética en toda España– es «inaceptable y carece de la necesaria legitimidad para salir delante», aseguran. «No hay más que recordar las circunstancias en las que la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y con los votos en contra de las comunidades autónomas donde el lobo tiene su principal implantación [Cantabria, Castilla y León, Asturias y Galicia]».

La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de población de lobos de 2012-2014 que, según estas organizaciones, «no refleja la situación actual» y en el llamado informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo. «Ignora criterios científicos y objetivos y carece del necesario consenso de las partes afectadas (comunidades autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima de los ataques). A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las organizaciones ecologistas y conservacionistas».

En opinión de las Organizaciones Agrarias, la única forma de solucionar este disparate normativo es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnóstico real y certero de la situación del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con los seguros agrarios que suscriben los productores.

Entiende que, para blindar el estatus legal del lobo, lo más lógico sería conocer primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración). «Según los datos que manejamos las organizaciones agrarias, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Y prueba de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en 2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros», señalan.