El programa de ayudas del sector apícola contará con 19 millones anuales entre 2023 y 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, un Real decreto que establece el marco normativo para la aplicación del programa sectorial de apoyo al sector apícola -muy importante en nuestra región- en la nueva Política Agraria Común (PAC) que entrará en vigor el 1 de enero de 2023.

La dotación del programa de ayudas será de 19 millones de euros anuales, de los que 9,5 millones son aportados por la Unión Europea, 4,9 millones por el Estado y el resto por las distintas comunidades autónomas.

El departamento de Agricultura ha resaltado que el sector apícola, que cuenta con 36.494 apicultores y 2.952.951 colmenas, tiene una importancia de primera magnitud en España, desde el punto de vista socioeconómico, ya que es el primer productor de miel de la Unión Europea, y medioambiental, por el papel que desempeñan las abejas en la polinización.

La intervención sectorial en el sector apícola dentro de la nueva PAC consta de hasta 38 medidas agrupadas en nueve líneas de actuación para apoyar a los apicultores en la lucha contra las agresiones de las colmenas, la realización de inversiones, la asistencia técnica y capacitación del personal, la adaptación al cambio climático, los retos sanitarios, la investigación, la mejora de la calidad y la comercialización de la miel y los productos apícolas.

Entre las principales novedades con respecto a los planes apícolas desarrollados hasta ahora, la nueva intervención sectorial introduce una línea destinada a prevenir los daños ocasionados por fenómenos climáticos adversos y fomentar el desarrollo y la utilización de prácticas de gestión adaptadas a unas condiciones climáticas cambiantes.

Además, se potencian las acciones destinadas a la mejora de la comercialización y promoción, se fomenta el desarrollo de acciones encaminadas a la mejora de la calidad de los productos apícolas, y se establece un nuevo enfoque para el refuerzo de los programas de investigación en el sector de la apicultura y los productos apícolas.

Por otro lado, el Consejo de Ministros también ha aprobado el Real decreto que establece las bases regulatorias para la nueva Intervención Sectorial Vitivinícola (ISV) en el marco de aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) que cuenta con un presupuesto de 202,1 millones de euros anuales entre 2023 y 2027.

Con la aprobación de este texto legislativo, el Gobierno establece la normativa básica nacional para las ayudas al sector vitivinícola, en la que se adaptan los tipos de intervención a las exigencias medioambientales y de adaptación al cambio climático que marca la nueva PAC.

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha destacado la «gran relevancia económica» que tiene el sector del vino en España, así como su importancia a la hora de fijar población en el territorio. «El sector del vino español genera medio millón de empleos, es el tercer productor mundial y el segundo país exportador», ha recordado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Rodríguez ha señalado que el objeto de esta intervención sectorial será atender las necesidades detectadas en el sector del vino en España, aumentar su competitividad, y adaptarlo a los nuevos objetivos de la PAC en cuanto a lucha contra el cambio climático, mejora del medio ambiente y sostenibilidad.

De esta forma, los tipos de intervención elegidos por España para cumplir con los objetivos específicos para el sector del vino son la reestructuración y reconversión de viñedos, las inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización.

También están recogidos la cosecha en verde, la destilación de subproductos de la vinificación y las actividades de promoción y comunicación en terceros países.

Desde el Ministerio que lidera Luis Planas han recordado que este sector requiere impulsar su comercialización e incrementar su valor añadido, por lo que se focaliza el esfuerzo en las intervenciones de promoción en terceros países y en el apoyo a las inversiones en las infraestructuras (bodegas).

Además, las intervenciones de inversiones, destilación de subproductos y reestructuración y reconversión de viñedos persiguen modelos más sostenibles de producción acordes con los objetivos generales de la PAC.

Mientras que la intervención sectorial prevé la posibilidad de recurrir, cuando sea preciso, a la cosecha en verde como herramienta de actuación en casos excepcionales ante posibles situaciones de desequilibrio entre la oferta y la demanda.

De esta forma, España responde con esta Intervención Sectorial Vitivinícola a las nuevas exigencias de la PAC, que establecen un porcentaje de gasto obligatorio para acciones medioambientales de, al menos, el 5% de su presupuesto.

Los primeros dos años de aplicación de la ISV se harán en paralelo con las operaciones y programas que están en ejecución y que fueron aprobados en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola (Pasve) 2019-23 antes del 31 de diciembre de 2022 y que podrán ejecutarse y pagarse como máximo hasta el 15 octubre de 2025.

• Temas
• Agricultura
• Campo