La aprobación hace unas semanas en el Congreso de los Diputados de la reducción de la protección del lobo ibérico al norte del río Duero ... ha reavivado un debate complejo y apasionado sobre cómo gestionar la presencia de este gran depredador en el medio rural español. Un proceso político en el que el Partido Popular, Vox y algunas formaciones regionalistas han impulsado esta modificación, alineándose con las demandas del mundo rural. El PSOE ha mostrado división interna sobre el asunto, y desde Sumar y Podemos se ha rechazado frontalmente la medida.
La clave de este nuevo escenario está en una enmienda introducida por el Senado en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que fue finalmente aprobada por el Congreso el pasado 20 de marzo. Dicha enmienda establece que el lobo deje de estar incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) en las poblaciones situadas al norte del Duero. Comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias o Cantabria recuperan así competencias para gestionar sus poblaciones de lobos, pudiendo retomar los controles y su caza en esa parte del territorio. Al sur del Duero, sin embargo, la protección especial sigue vigente, un espacio donde el conflicto ha crecido con más fuerza en los últimos años, al extenderse la presencia del lobo a territorios poco habituados a convivir con él.
Algunos grupos ecologistas han criticado que este cambio se haya introducido mediante una enmienda dentro de una ley que no tiene relación directa con la biodiversidad. Sin embargo, este tipo de práctica, aunque resulte chocante para el público general, es perfectamente legal y relativamente habitual en el proceso legislativo. De hecho, en muchas ocasiones, también desde el ecologismo, se han utilizado enmiendas en leyes generales para introducir avances o protecciones específicas en materias que no eran el foco del texto. Pero más allá de la cuestión procedimental, han denunciado que se está poniendo en riesgo al lobo y ya preparan recursos legales. WWF, Ecologistas en Acción y otras organizaciones alertan del riesgo de que esta desprotección marque un precedente peligroso y creen que la decisión ha sido tomada con criterios políticos, no técnicos.
Es una forma de ordenar el territorio, tan insensato sería su caza sin control como negar los daños
Ahora bien, apoyar la caza controlada del lobo no equivale a buscar su desaparición. El lobo es una especie fascinante y necesaria en muchos entornos naturales. Hay amplias regiones en otros continentes, incluso en vastas zonas de Europa del Este o Escandinavia, donde puede vivir en libertad sin generar conflictos. Pero ¿es razonable mantener manadas de lobos en las inmediaciones de pueblos, granjas o zonas urbanizadas, donde los ataques no solo afectan a animales, sino que también pueden poner en riesgo a personas? Permitir la caza del lobo en determinadas circunstancias, con criterios científicos, límites claros y vigilancia, no significa abrir la veda a su exterminio. Es una forma de ordenar el territorio y dar respuesta a una problemática concreta. Tan insensato sería permitir su caza sin control como negar los daños que causa su sobrepoblación en
La convivencia entre humanos y grandes depredadores no es sencilla, y aunque es legítimo aspirar a conservar la fauna salvaje, también lo es proteger los medios de vida de quienes habitan y cuidan nuestros entornos rurales. La idealización del lobo choca con la cruda realidad de quienes ven su trabajo arrasado por un ataque nocturno.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.