La mesa del campo, frenada por la burocracia

Es la norma por la que se rigen unos 60.000 jornaleros y 7.000 empresarios agrícolas. Sin convenio, coinciden empresarios y trabajadores, se acabaría con una paz social que, aunque con algún sobresalto, está permitiendo desde hace años el desarrollo normal de las campañas agrícolas.

Su ausencia motivó la convocatoria de una huelga en el campo entre el 1 y el 3 de julio del año pasado. Finalmente se suspendió. Tras año y medio de bloqueo, se firmó una nueva normativa con vigencia hasta final de año. Las partes se emplazaron a negociar otro convenio en 2021.

El asunto se ha enrevesado más porque en enero, tras impugnarlo la Asociación de Fruticultores de Extremadura (Afruex), el convenio fue declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La presencia en la mesa negociadora de Afruex por decisión judicial es la que ha cambiado un aspecto fundamental: quiénes pueden sentarse a negociar y, por tanto, quiénes pueden firmarlo o impugnarlo.

Con CC OO y UGT como representantes de los trabajadores agrarios, hasta ahora como parte empresarial estaban las dos Asaja (la de Cáceres y Apag, en Badajoz), UPA-UCE y la Coordinadora Agraria (relacionada con la COAG aunque oficialmente no es COAG). A ellos se suma ahora Afruex, donde están el 90% de los fruticultores. La fruta es el subsector agrario que más empleo genera, el 80% del total, en Extremadura.

El 29 de marzo, Afruex estuvo en la constitución de la mesa del convenio pero de ella se ausentaron Apag Asaja y UPA-UCE. Mostraron sus reticencias a que Afruex pudiera negociar. Ayer, las dos estuvieron en la segunda reunión de la mesa, como adelantó HOY. Se suman a la negociación.

El problema ahora es que no está fijada la representatividad. Es fundamental porque para que el convenio pueda ser válido se necesita al menos que lo firmen las organizaciones que representen a un 50% de las partes, en este caso, patronal, a fecha de marzo.

«Nos vamos a dar una semana, dos como mucho para intentar llegar a un acuerdo sobre la representatividad de cada uno. Esperemos que se pacte pero, si hay que ir a la ley, se va. Está en el Estatuto de los Trabajadores», señala Ángel García Blanco, de Asaja Cáceres. En el estatuto se indica que para ser considerada representativa la entidad debe contar al menos con el 10% de las empresas agrarias y que estas supongan el 10% del total de trabajadores. O si no se llega al 10% de las empresas, que estas supongan el 15% de los trabajadores.

«En lo de la representatividad de la patronal no nos metemos. Ayer, los sindicatos salimos de la reunión para dejar debatir solo a la parte patronal para ver si se ponían de acuerdo sobre el asunto. No fue así. Esperemos que para la negociación del convenio lo tengan resuelto», señala Saturnino Lagar, de CC OO.

«Tenemos dos negociaciones paralelas. La del nuevo convenio y la de la representatividad de cada uno porque esto puede tener sus consecuencias jurídicas sobre el texto», relata Ignacio Huertas, de UPA-UCE. «Debemos ponernos de acuerdo en negociar y en cerrar después un acuerdo porque el campo lo necesita. Negociaremos con todos», culmina Miguel Ángel Gómez-Cardoso, de Afruex.