Las cinco claves de las protestas del campo extremeño

No será un febrero más. El principio de este 2024 estará protagonizado por las protestas agrarias que inundarán casi todas las capitales de España. Las grandes organizaciones de agricultores y ganaderos se han puesto de acuerdo, en mayor o menor medida, para salir a la calle a demostrar el poder del campo. El mantra «si nosotros no trabajamos, la gente no come» será uno de los más repetidos durante la jornada.

Las protestas agrarias antes de la crisis provocada por el coronavirus tuvieron gran relevancia. El confinamiento no sólo las paralizó: además, el sector agrario trabajó, como recuerdan siempre desde las organizaciones, con más ahínco para que no faltara nada en las estanterías. Ahora, casi cuatro años después, el campo extremeño (y español) vuelve a sentir las cargas burocráticas y administrativas que, según sus representantes, «asfixian a las explotaciones familiares y profesionales».

El campo apunta a nivel regional, nacional y europeo. Culpan a todos los estamentos políticos de engañarles durante años. En Extremadura, Asaja, Coag y UPA irán de la mano durante las manifestaciones que se vayan convocando esta semana, si bien UPA-UCE Extremadura ha preferido no algunas protestas porque, según la organización, «Apag Extremadura Asaja y Asaja Extremadura las han convocado de forma unilateral», aunque comparten los motivos para llevarlas a cabo.

Cabe recordar que Asaja, por su parte, ha anunciado que cada jueves y viernes de este mes de febrero, empezando por el día 9, habrá cortes de carretera. Y Unión de Uniones mantendrá su convocatoria de tractorada para el próximo día 21 de febrero en Madrid.

Además, el 14 de febrero, varios consejeros de Vox, entre ellos Ignacio Higuero, de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, aprovecharán para reunirse con el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, y presentarle sus reivindicaciones. Concretamente, Extremadura preguntará por la polémica situación del regadío de Tierra de Barros. Asimismo, también le expondrá a Europa las principales medidas que pide el campo extremeño. Pero ¿cuáles son estas medidas? ¿Qué exige el sector primario?

La Política Agraria Común (PAC) prometía alimentos de calidad, a precios razonables y fijar la población al territorio con trabajos dignos. Para las organizaciones agrarias, nada de esto se ha cumplido. También exigen que se flexibilicen las medidas, como ha ocurrido en otras comunidades como Castilla-La Mancha.

Demandan también reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos, una cuestión que llevan pidiendo años y que saltó por los aires en la última PAC, la 23-27. Pero no se ciñen sólo al ámbito europeo.

Las principales organizaciones extremeñas exigen también que el gobierno regional prometió abrir la Consejería de Agricultura al campo y que no lo ha cumplido, así como que «muchos agricultores y ganaderos no han cobrado o no saben si los pagos que han cobrado son los correctos».

Tanto las Asajas extremeñas como UPA-UCE están de acuerdo en este punto: la UE permite que los acuerdos comerciales internacionales sigan provocando alta exigencia en trazabilidad para el campo extremeño y excesiva libertad para los productos que vienen de terceros países, lo que hace que entren alimentos con fitosanitarios prohibidos para el resto de agricultores europeos.

«Esto nos tiene hartos y cabreados a los agricultores extremeños. Sólo hay que mirar la cantidad de explotaciones que se están cerrando en Europa por estos motivos», señaló hace dos días Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, en rueda de prensa.

Y, apuntando concretamente a Luis Planas, ministro de Agricultura, afirmó: «También denunciamos que se destinen fondos nacionales a financiar proyectos de regadío en países como Marruecos».

Esta medida no es nueva, pero no por ello menos importante. Para los representantes del campo, esta ley se debe reforzar. Van más allá: su Observatorio debe publicar los índices de precios y costes y actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora.

Del mismo modo, la AICA, según ellos, debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio, recuperando en los indicios la temática de los «precios anormalmente bajos» como pasa en Extremadura con el arroz o la miel.

También piden cuestiones más concretas como seguridad sanitaria en las cabañas ganaderas, mayor apoyo ante sequía y subidas de costes, cuestiones laborales y de Seguridad Social, mejoras en la bonificación del gasóleo agrícola de forma indefinida, replanteares la instalación de energías renovables en terrenos agrarios o la modificación de la Pepac. Pero el último gran punto está relacionado con el futuro del campo: la falta de relevo generacional.

Por ello, a nivel de Gobierno y comunidades autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo.

Y es que, según las grandes organizaciones, ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto. Además, se debería frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario y facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.

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