PSOE y Sumar impulsarán una ley de agricultura familiar

El convenio actual del campo extremeño, al igual que sucede con el de la agroindustria, fija en 39 las horas de trabajo semanal. Desde las organizaciones agrarias consideran que restar una hora y media de actividad por trabajador cada semana conllevará un aumento de los costes de producción, por lo que entienden que la medida repercutirá en un alza del precio de los productos que pagan los consumidores. «Nos va a afectar, aunque tenemos la posibilidad de la jornada flexible (compensar las horas a lo largo de varias semanas) y eso nos puede ayudar en las campañas de cosecha o en los momentos puntuales de más trabajo, como puede ser la poda», comenta Ignacio Huertas, secretario general de Upa-Uce en Extremadura.

En esa misma línea, la mayor vigilancia sobre la cadena alimentaria –otro de los puntos del acuerdo entre las formaciones políticas– debe contribuir a facilitar que agricultores y ganaderos trasladen al resto de eslabones de la cadena alimentaria los mayores costes que afronten a la hora de producir. «Pondremos en marcha un sistema de monitorización de mercados de los principales productos que permita ver fácilmente parámetros como los precios en origen, mayorista y destino, coste de producción, márgenes brutos, volumen de producción, importaciones y exportaciones», se puede leer en el acuerdo.

Una propuesta que es vista con buenos ojos por los empresarios del campo, que tienen puestas esperanzas en que sirva para, como se explica en el propio documento, «asegurar el cumplimiento y desarrollo de la ley de la cadena alimentaria».

También se considera positiva para Extremadura otra de las medidas que están incluidas en el apartado denominado: Agricultura, pesca, desarrollo rural, reto demográfico y lucha contra la despoblación. «Se comprometen a impulsar una ley de agricultura familiar», comenta el secretario de Upa-Uce.

La intención es favorecer y priorizar este tipo de agricultura. «Es muy positivo para la región, porque las explotaciones familiares representan el 80% del campo extremeño, aunque ese porcentaje es mucho más reducido desde el punto de vista del terreno que gestionan», aporta Huertas.

Por el momento, lo único que recoge el acuerdo entre PSOE y Sumar es que la nueva ley favorecerá y priorizará la agricultura familiar al ser la «que genera mayor valor social y vinculación con el territorio».

En la misma dirección, el texto añade que se adoptarán medidas en favor de la ganadería extensiva.

Ambos compromisos son reivindicaciones habituales de las organizaciones agrarias extremeñas. «Las explotaciones familiares son las que fijan población en la Extremadura rural», detalla el dirigente de Upa-Uce, que cree que son medidas que pueden contribuir a facilitar el relevo generacional en el campo. «Cada vez más fondos de inversión son propietarios de explotaciones agrarias en la región; eso dificulta que los jóvenes puedan acceder a la tierra», lamenta Huertas.

El acuerdo entre PSOE y Sumar también aboga por limitar el crecimiento de la superficie de regadío y por fomentar la agricultura ecológica y regenerativa como métodos para evitar la degradación de la tierra, preservar los ecosistemas y combatir el cambio climático sin reducir la producción agrícola.

Así, ambos partidos se comprometen a elaborar un plan de producción ecológica «con el que fomentemos el consumo de alimentos de calidad diferenciada y producción ecológica a través de campañas de promoción específicas y colaboraciones con la restauración y la hostelería», incluye el documento.

La puesta en marcha de estas iniciativas dependerá de que el Ejecutivo de coalición logre los apoyos necesarios entre el resto de fuerzas políticas para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.