GLORIA CASARES
Martes, 28 de octubre 2014, 19:44
El Partido Socialista de Almendralejo ha pedido la "dimisión inmediata" del alcalde, José García Lobato, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se personaran ayer en el ayuntamiento para recopilar información sobre un concurso al que se había presentado la empresa Cofely, implicada en el presunto cobro de comisiones.
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La secretaria general de la agrupación local, Piedad Álvarez, ha afirmado que la empresa Cofely, relacionada con la trama de corrupción en varias administraciones públicas, "envió pliegos al ayuntamiento antes de que se publicaran", respecto al concurso de eficiencia energética, que se aprobó el 30 de junio.
Además, ha asegurado que coches de esta empresa "llevan meses en Almendralejo", a pesar de carecer de la gestión de servicios, ni de sede; y ha asegurado haber visto a ejecutivos de la misma en el ayuntamiento antes del 30 de junio, fecha en la que se aprobó el concurso en pleno.
La socialista ha recordado esta tarde en rueda de prensa que su grupo "avisamos de lo que podía llegar a ocurrir, un posible caso de corrupción política" este verano, cuando interpusieron un recurso contencioso-administrativo por la aprobación de este concurso.
En el recurso, ha recordado esta tarde, se denunció que el pliego de condiciones económicas del mismo no estaba firmado por ningún técnico municipal y el de condiciones técnicas no estaba firmado por el ingeniero jefe de infraestructuras eléctricas, sino por un arquitecto, jefe del servicio de Urbanismo.
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Además, ha recordado que en el pleno se denunció "posibles irregularidades" debido a cuestiones como que el consumo de las instalaciones municipales estaba "inflado una media del 30 por ciento", "que sólo llevaba beneficios a la empresa a la que se le adjudicase".
También denunciaban que el pliego de condiciones "era calcado" del de otros municipios como Aceuchal o Mostoles, parecía estar buscando el favor de alguna empresa.
Por ello, en julio pasado el Psoe repartió unas octavillas en las que se preguntaban "a qué empresa se quería favorecer" y organizaron un acto público informativo.
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Además, solicitaron dos informes a la Agencia Extremeña de la Energía, que no fueron atendidos, ya que consideraban que un organismo así debía emitir su opinión ante un contrato de más de 20 millones de euros.
La concejala ha asegurado que el "registro" llevado a cabo por la UCO ayer es "el hecho más lamentable de la historia del ayuntamiento", y es producto, en su opinión, "de una sospecha, una sospecha que se llama Cofely".
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Por ello, ha pedido explicaciones al equipo de gobierno sobre cuestiones que ha planteado como la posibilidad de que "alguien iba a cobrar una comisión ilegal", "alguien del PP regional estuviera en toda esta trama", o "quién elaboró los pliegos técnicos y administrativos".
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