El Consistorio debe compensar a Cofely al anular el concurso

Ayer se aprobó en pleno el desistimiento del contrato de eficiencia energética para la privatización del servicio de alumbrado público y mantenimiento de infraestructuras eléctricas, después de que hayan transcurrido seis meses desde que la Audiencia Nacional conminase al ayuntamiento a paralizar el expediente administrativo, ya que una de las dos empresas que habían hecho ofertas al mismo estaba siendo investigada por el caso de corrupción denominado 'Púnica'.

Sin embargo, tras esta aprobación, ahora el ayuntamiento debe pagar a las dos empresas presentadas al concurso, Cofely e Imes-Api, el 3 por ciento de fianza que pagaron, más, si lo exigen, los intereses de demora, correspondientes a los intereses bancarios, si los hubiera, a los que las empresas habrían tenido que hacer frente para optar a este contrato, cifrado en 20 millones de euros.

Retraso

Por ello, ayer la oposición criticó que el contrato no hubiera quedado sin efecto a los dos meses y medio de su paralización temporal, por parte de la Audiencia Nacional, en el mes de noviembre pasado, cuando lo pidió el PSOE en un pleno extraordinario. Al haber pasado ya seis meses, los intereses de demora serán superiores.

Por ello, el portavoz del grupo socialista, José María Ramírez, criticó ayer que se tenga que compensar «a los ladrones de Cofely», tras aprobarse el desistimiento del contrato.

Según los socialistas, la aprobación de la paralización del contrato se ha retrasado todo este tiempo porque el equipo de gobierno popular ha esperado a que el PSOE formalizara este mes de marzo el recurso contencioso-administrativo, en el juzgado número 1 de Mérida, contra la aprobación del contrato que «tiene un montón de cuestiones oscuras», aunque se presentó en julio pasado.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Luis Alfonso Merino, negó que el Ayuntamiento de Almendralejo esté inmerso en un proceso penal por el caso 'Púnica', sino que el juez de la Audiencia Nacional requirió documentación del contrato, porque al mismo se había presentado una empresa relacionada con el pago de comisiones ilegales.

Investigación

En este mismo pleno, el Gobierno popular impidió que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre este contrato, como solicitaron todos los grupos de la oposición. Además, anunció que , si ganan las elecciones, abrirán un nuevo concurso para privatizar el servicio.

El PSOE pidió esta comisión, que apoyaron Izquierda Unida y el concejal no adscrito, porque considera que ha habido «sobrecostes del servicio y un consumo energético sobrevalorado» en los pliegos del contrato, que elaboró la empresa Electrificaciones Parra, en vez del funcionario responsable del servicio, le afeó Ramírez. Además, acusó al Gobierno de haberse saltado la libre competencia entre las empresas, dando preferencia a Cofely, sobre las demás.