Tormenta de verano

Qué tienen en común el caso Pujol y el caso Astorga? Aparentemente nada. El primero es la investigación sobre los presuntos delitos y el engaño a Hacienda de la familia del expresidente de Cataluña durante décadas, y el segundo versa sobre las tribulaciones de un concejal de Tráfico de Badajoz pillado en una sucesión de engaños y mentiras a cuenta de un aparcamiento en zona prohibida. Quizá el único contacto entre los dos casos esté en que ambos en sus explicaciones públicas han tratado a los ciudadanos como débiles mentales.

El líder catalán ha tenido el cuajo de decir que en 34 años no encontró el momento de regularizar su situación fiscal y explicarle a Hacienda que tenía un dinero escondido en el extranjero. El concejal pacense ha puesto por mentirosos a periodistas y policías para no reconocer que se prevalió de su cargo para aparcar donde le daba la gana. Los dos políticos, tan distantes, tienen en común la íntima convicción de que la ley está para que la cumplan los ciudadanos, no los privilegiados que nos gobiernan, esa casta de la que habla Podemos.

El caso Pujol tendrá su recorrido político y judicial. El caso Astorga no ha llegado al juzgado, puesto que no ha habido una denuncia oficial. La nota interna de la Policía Nacional que describía una actuación nada ejemplar no se transformó en un atestado, por lo que el concejal no tendrá que responder ante ningún juez. Alguien en esas altas instancias a las que recurrió Astorga y que no se han identificado (pero que todos sospechamos quiénes son) le salvó. Asunto resuelto.

Lo que no podrán evitar ni Astorga ni Fragoso es que los ciudadanos piensen dos cosas que se caen de puro obvias: que el concejal cometió un abuso intolerable la famosa noche en que aparcó su moto en una plaza de discapacitados, y que el alcalde de Badajoz ha cometido un error al no desautorizarlo.

El alcalde de Badajoz tenía en su mano una ocasión de oro para demostrarle a los extremeños que en su equipo de gobierno no va a permitir chulerías. Se podría haber quitado de un manotazo el complejo de ocupar un cargo no ganado en las urnas sino heredado de Celdrán. Si Fragoso hubiese condenado el comportamiento de su número dos su crédito ante los votantes se hubiera disparado. El incidente de la moto le puso en bandeja la oportunidad de mostrar que tiene la autoridad de un alcalde con mayúsculas. Pero no la aprovechó. Que no se queje si cualquier día un vecino pasado de copas hace uso de la doctrina Astorga y le dice a un policía local que en lugar de denunciarle le lleve a casa en el coche oficial.

Cuando se publican encuestas que muestran el escaso prestigio que tiene la política y el desafecto que los españoles sienten por sus gobernantes, éstos se quejan de que no se merecen ese descrédito, y juran y perjuran que la mayoría son honrados. Sin embargo, no son solo los sangrantes casos de corrupción que estamos conociendo, desde los ERE a Gürtel o Pujol, los que minan la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Son, también, los abusos cotidianos que cometen.

El alcalde Fragoso sabe que si un conductor cualquiera aparca en una plaza de discapacitados y se niega a obedecer la orden de un policía para que no lo haga lo mínimo que le cae es una denuncia por desacato a la autoridad. Si además le replica que él aparca donde le da la gana la cosa se pondría mucho más fea y acabaría en el juzgado.

Es probable que el alcalde de Badajoz tenga la confianza de que con el caso Astorga va a pasar como con las tormentas de verano: un chaparrón y unos truenos sin consecuencias. Al rato sale el sol y nadie se acuerda de ellas. Tal vez no cae en la cuenta de que la sensibilidad de la ciudadanía está a flor de piel y que comportamientos que hace unos años se aceptaban hoy resultan intolerables. Son la gota que puede colmar el vaso de la paciencia de unos contribuyentes hartos de soportar cargas y leyes y que piden ejemplaridad a sus políticos.

Por fortuna, hay policías que se creen el principio democrático de que todos somos iguales ante la ley, le dicen a un concejal que no está en condiciones de conducir y llaman a la policía local para que le haga la prueba de alcoholemia. Quizá era mucho pedir que la Policía Local le hiciese soplar a su jefe. Acabó llevándole a casa en el coche oficial. Eso sí es poderío. Y casta.